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Hay decisiones que marcan un antes y un después. No solo por lo que resuelven, sino por lo que representan. La aprobación condicionada de la fusión entre Tigo y Movistar, liderada por la Superintendencia de Industria y Comercio bajo la dirección de Cielo Rusinque, no es simplemente un movimiento empresarial: es un acontecimiento histórico que redefine el futuro digital de Colombia. Por primera vez, la conectividad deja de estar guiada exclusivamente por intereses comerciales y se vincula a un principio superior: el derecho ciudadano a acceder a una comunicación justa, inclusiva y realmente democrática.
Lo que está ocurriendo no es una fusión técnica, es un giro de paradigma. La voz de la superintendenta resonó más allá de los despachos, al afirmar que esta decisión se tomó desde una perspectiva de derechos, orientada a ampliar la cobertura, fortalecer la infraestructura y asegurar tarifas justas para todos los usuarios. En un sector tradicionalmente gobernado por la lógica del mercado, sus palabras fueron disruptivas. Bajo su liderazgo, el Estado no solo regula; plantea una visión ética, social y estratégica de la conectividad. La tecnología ya no es un lujo, ni un privilegio cruzado por la rentabilidad. Es un bien colectivo. Es un puente hacia las oportunidades.
Durante años, Colombia ha vivido bajo una estructura desigual. Con Claro dominando más del 50 % del mercado móvil, la competencia fue más una aspiración que una realidad. Ese poder marcado por la concentración no solo influía en tarifas y condiciones, sino que también limitaba la inclusión digital. Tigo y Movistar, aunque importantes, nunca lograron hacerle contrapeso. Pero juntas, con el aval del Estado y las condiciones precisas para equilibrar el terreno, emergen como un nuevo actor robusto, capaz de disputar espacios, mejorar la calidad del servicio y dinamizar verdaderamente el mercado.
Sin embargo, la trascendencia de esta integración va mucho más allá de los porcentajes de participación. Se trata de romper la geografía de la desigualdad digital. Durante años, las grandes ciudades tuvieron más y mejores redes, mientras que las zonas rurales quedaron en silencio digital. Con esta fusión, acompañada de una mirada estratégica hacia operadores públicos como Internexa, se abre la posibilidad de que la conectividad no solo llegue más lejos, sino que lo haga con intención social. Es decir, no solo donde hay clientes, sino donde hay ciudadanos.
No se dejen engañar por los medios que quieren tergiversar la decisión que hemos tomado sobre la integración de TIGO – Movistar. En este video, les explico las razones que nos llevaron a aprobar con condicionamientos la aprobación de la operación, buscando intensificar las… pic.twitter.com/186FX4gIVY
— Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) November 18, 2025
Hoy, Colombia comienza a escribir un nuevo capítulo. Cielo Rusinque representa una visión del Estado que no controla desde la distancia, sino que orienta, corrige y exige con sentido humano. La fusión aprobada no es un cheque en blanco, sino un compromiso con el futuro. Un pacto para que la conectividad ya no excluya, sino que incluya. Para que deje de ser un privilegio y se convierta en una herramienta para educar, emprender, innovar y transformar la vida de millones.
El desafío apenas comienza, pero algo ya es irreversible: el monopolio dejó de ser intocable. El mercado dejó de ser el único criterio. El acceso dejó de ser un lujo. Hoy, Colombia entiende que la verdadera justicia digital se construye cuando el Estado, el mercado y la sociedad caminan en la misma dirección. Y esa dirección tiene un nombre: conectividad con propósito, con equidad y con dignidad.
La fusión Tigo-Movistar marcará la historia, pero la verdadera revolución comenzó con una decisión: la de entender que conectar al país no es hacer negocio, es hacer nación.
carloscastaneda@prensamercosur.org
