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En los últimos días, la campaña electoral en el departamento del Magdalena ha estado bajo un fuego cruzado de denuncias, rumores y tensión política, generando un ambiente de profunda desconfianza entre la ciudadanía. Lejos de concentrarse únicamente en propuestas, la agenda pública se ha visto dominada por controversias que ponen en riesgo la integridad del proceso democrático y que han encendido las alarmas dentro del movimiento Fuerza Ciudadana, que insiste en la necesidad de proteger el voto libre y transparente.
Uno de los episodios más graves ha sido la difusión, por parte del equipo de Rafael Noya, de una encuesta que habría sido elaborada por la firma “Consultoría e Investigaciones Suárez & Asociados”. Sin embargo, la empresa desmintió haber sido contratada para realizar sondeos en el Magdalena y calificó el hecho como una suplantación de identidad que planea llevar ante las autoridades. En sus propias palabras, respondieron: “Buenas noches, nuestra firma no está al tanto de esta información”, para luego reiterar que se pronunciarían públicamente sobre la falsificación.
Este tipo de maniobras no solo engaña al electorado, sino que deteriora gravemente la confianza en los medios de comunicación locales. Es indispensable que los periodistas verifiquen el origen, la validez y el registro de los datos antes de replicar encuestas, con el fin de evitar la propagación de cifras fabricadas que manipulan la opinión pública y contaminan el proceso democrático. La ciudadanía merece información real, no construcciones destinadas a fabricar una ilusión de respaldo político.
A estas denuncias se suma una oleada de noticias distorsionadas que han afectado la campaña de Margarita Guerra, candidata de Fuerza Ciudadana. Se intentó desinformar sobre presuntos pagos de la Gobernación del Magdalena a un individuo apodado “Salico”, así como sobre supuestos actos irregulares en su cierre de campaña. Sin embargo, las autoridades tuvieron que intervenir y desmentir tales versiones, dejando en evidencia la intención de algunos sectores de desacreditar mediante la mentira.
Pero las acusaciones no terminan ahí. Diversas voces en el departamento han denunciado que grupos delictivos, aparentemente entre ellos el Clan del Golfo, presionarían a ciudadanos para que voten por Noya en las próximas elecciones. Esta situación genera profunda preocupación, especialmente porque el candidato mantiene alianzas con partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical y MIRA, cuyas figuras han sido históricamente cuestionadas por presuntos vínculos con organizaciones al margen de la ley o casos de corrupción.
Ante este panorama, el exgobernador del Magdalena y hoy candidato a la Presidencia, Carlos Caicedo, ha hecho un llamado urgente al presidente Gustavo Petro. Solicitó la intervención del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía para garantizar un desarrollo electoral seguro, vigilado y libre de presiones criminales. Caicedo insiste en que la voluntad del pueblo debe prevalecer sin manipulaciones ni intimidaciones.
Muchos observadores coinciden en que las recientes acciones revelan una profunda desesperación dentro de la campaña de Rafael Noya, que, ante la falta de respaldo verificable, habría optado por tácticas como la suplantación de encuestadoras, la tergiversación de información y la propagación de noticias falsas. En contraste, la campaña de Margarita Guerra avanza con apoyo real, medible y respaldado por hechos.
El Magdalena entra a una etapa crítica. El escenario político está cargado de tensión, expectativas y vigilancia ciudadana. Lo que está en juego ya no es solo una elección local, sino la credibilidad del sistema democrático. Las instituciones, los medios y la ciudadanía tienen el desafío de actuar con responsabilidad, rigor y valentía, para que el próximo domingo triunfen la verdad, la transparencia y la voluntad soberana del pueblo. -opinión .
carloscastaneda@prensamercosur.org
