Sucre, (ANV).- El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que Freddy Vidovic tiene «una sentencia ejecutoriada por tres años por cohecho» que impediría su continuidad como ministro de Justicia, mientras el funcionario cuestionado denunció mediante un comunicado público que su condena fue producto de un «proceso político irregular» tras sufrir «secuestro y tortura» en 2015.
Oviedo explicó que tras recabar información en los juzgados se verificó la situación legal de Vidovic, señalando que «cuando alguien tiene una sentencia ejecutoriada, no puede ejercer cargos públicos». El ministro indicó como aspecto llamativo que dicha sentencia no aparezca registrada en el REJAP (Registro de Jueces y Abogados Penales).
En su respuesta oficial, Vidovic afirmó que la Constitución Política «establece que no se puede impedir el ejercicio de la función pública por tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO». El ministro de Justicia alega que su caso corresponde a una sentencia «viciada de nulidad» dictada después de que fuera «víctima de un proceso político que culminó con mi secuestro, tortura y condena ilegal».
El funcionario anunció la interposición de un recurso de revisión extraordinaria de sentencia, fundamentando que han transcurrido más de 10 años desde la condena y que nunca fue notificado legalmente. Vidovic citó el Artículo 441 del Código de Procedimiento Penal que establece la posibilidad de cancelar antecedentes después de 8 años en casos de suspensión condicional de pena.
La controversia expone interpretaciones divergentes sobre los requisitos constitucionales para ejercer cargos públicos. Mientras la autoridad gubernamental insiste en el cumplimiento estricto de la normativa, el ministro cuestionado alega violaciones procesales que invalidarían los fundamentos de su inhabilitación.
El caso queda en manos de instancias judiciales que deberán resolver el recurso interpuesto por Vidovic, mientras se mantiene la incertidumbre sobre la continuidad del titular de Justicia en el gabinete ministerial. La resolución final establecerá un precedente significativo sobre la aplicación de causales de impedimento para funcionarios públicos con sentencias previas.
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