Sucre, (ANV).- Herminia Rodríguez, quien padece cáncer y vive con dos adultos mayores y sus hijos, enfrentó un intento de desalojo que fue suspendido tras la intervención del SLIM, Adulto Mayor y Defensoría del Pueblo, después de que su abogada y el activista Jhamil Pilco denunciaran un presunto remate «armado» por 43.500 dólares de una vivienda adquirida mediante documento notariado en 1999 con su exconcubino Francisco Meneses, quien habría utilizado el bien como garantía de una deuda sin notificar a la familia, adjudicándose el inmueble una suboficial de policía colega del demandado.
Denuncia de remate irregular
La abogada de la familia explicó que Meneses convivió con Rodríguez desde 1999 hasta 2004, cuando se separaron firmando un acuerdo transaccional de división de bienes ante notario donde ella se quedaba con el lote de 200 metros cuadrados y él con otros bienes, comprometiéndose a pagar 200 bolivianos de asistencia familiar.
La defensora detalló que Meneses incumplió sistemáticamente la asistencia familiar, por lo que en 2024 se inició un proceso de liquidación. Como represalia, el exconviviente «a espaldas de todo de sus hijos y de la señora lo ha dado de garantía» una deuda, procediendo directamente al remate del inmueble que consta inscrito en derechos reales a su nombre pero donde habita la familia desde hace más de 18 años.
La abogada denunció que se enteraron «una noche antes» del remate del bien por 43.500 dólares, calificando el monto como «poquísimo» para una propiedad en zona céntrica de Sucre. Según su relato, el día del remate acudieron con los hijos a pedir que no se postulen porque «es la vivienda de una persona de la tercera edad que está con cáncer», retirándose todos los postores excepto «tres policías, efectivos de la policía que él envió».
Acusaciones de contubernio
El activista Pilco fue más allá al denunciar posibles irregularidades procesales: «Hasta el mismo juez, hasta podemos suponer (…) aquí existe un contubernio entre un juez, entre el abogado que ha demandado este caso, entre la persona que se está rematando (y) entre el demandado».
Pilco señaló que Meneses «ni siquiera ha movido un solo hilo, es decir, no ha presentado una sola oposición a la demanda por la vía ejecutiva» tramitada en el juzgado octavo en lo civil de Sucre, y tampoco avisó a su familia sobre el remate, dejándolos «en completa indefensión».
El activista cuestionó que la adjudicataria sea «una policía colega de este señor» que conocía de la existencia del documento notariado de compra venta, pero «ha insistido en comprar esa vivienda por remate y hoy por hoy está insistiendo en desalojar con sus colegas policías». Pilco expresó sorpresa por la cantidad de efectivos policiales para desalojar «a cinco personas que en este caso no tienen ni siquiera la capacidad de defenderse».
Intervención institucional
La encargada del SLIM, Daniela Martínez, explicó que actuaron en coordinación con Adulto Mayor y Defensorías por tratarse de «un asunto de alta vulnerabilidad» de una señora con cáncer a cargo de adultos mayores y niños. Intentaron negociar con la adjudicataria «para que dé un plazo» y se resguarden los derechos de los menores, pero «no ha accedido a esta petición».
Martínez informó que ante la negativa, las unidades de Adulto Mayor decidieron retirarse y «hacer una representación al juzgado porque no hay las condiciones para que se lleve a cabo este desapoderamiento».
La abogada del programa de Adulto Mayor, Dunia Barrancos, señaló que aunque legalmente se cumplieron los pasos procesales, es necesario «recabar el informe de la abogada para ver exactamente qué incidentes habrían planteado y por qué estos se habrían rechazado». Barrancos explicó que buscan frenar el desapoderamiento porque «existe una vulnerabilidad no solo de adultos mayores, sino también de menores» y la norma establece que los adultos mayores ingresan a centros de larga estadía voluntariamente.
Apoyo de organizaciones sociales
María Luisa Ramos, representante del Comité de Derechos y Justicia Promotoras Comunitarias Unidas, se autoconvocaron tras conocer el caso por ANV, cuestionando: «Si bien esto dicen que es un caso que está bien hecho judicialmente, pero dónde está la parte humana?».
El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos confirmó que harán «seguimiento permanente» al caso, señalando anomalías como «muchas resoluciones que han salido de la noche a la mañana» cuando normalmente los procesos tardan meses. La organización solicitó un «compás de espera» para buscar soluciones considerando el «desconocimiento» y la situación de salud y económica de Rodríguez.
Posición de la Defensoría del Pueblo
El delegado defensorial Humberto Mayorga indicó que conocieron el caso la noche anterior y tomaron «contacto de manera inmediata con las oficinas del adulto mayor y las oficinas de la Defensoría de la Niñez» para precautelar los derechos de la familia, particularmente garantizando «la asistencia necesaria» para la integrante con cáncer.
Mayorga enfatizó la importancia del debido proceso «para que ambas partes sean respetadas» y confirmó que harán «un acompañamiento integral a la familia, pero respetando también el debido proceso».
Fuente de esta noticia: https://noticiasvioleta.com/logran-suspender-desalojo-de-mujer-con-cancer-y-su-familia-tras-denunciar-remate-armado-por-43-000-dolares/
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