Imagen Yolanda Villavicencio Cancillería de Colombia
El Gobierno colombiano ha dado señales claras de su intención de respaldar una propuesta internacional que busca facilitar una salida negociada del poder para Nicolás Maduro, ofreciendo garantías que evitarían su encarcelamiento y le permitirían abandonar el cargo sin enfrentar persecución judicial. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio confirmó en una entrevista que esta alternativa ha empezado a ganar terreno, incluso dentro del propio círculo del mandatario venezolano, y se perfila como una posible vía para destrabar la crisis política que atraviesa el país.
Villavicencio reveló que Maduro estaría dispuesto a considerar el acuerdo siempre que se le brinden condiciones que le permitan retirarse con seguridad, evitando un destino carcelario y garantizando su integridad. La propuesta contempla la conformación de un gobierno de transición, encabezado por una figura neutral, encargado de organizar elecciones verdaderamente libres y verificables, abriendo la puerta a un nuevo ciclo democrático.
Desde Colombia y Brasil, los presidentes Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva han insistido en la necesidad de convocar a nuevos comicios, luego de que las elecciones de julio de 2024 fueran duramente cuestionadas por amplios sectores de la comunidad internacional, que denunciaron irregularidades y posibles fraudes. Ambos gobiernos se han mantenido al margen del reconocimiento de Maduro como presidente legítimo, lo que ha generado un escenario diplomático inédito en América Latina.
La canciller colombiana subrayó que el plan de salida segura no solo podría ser la opción más viable políticamente, sino también la más sensata en términos humanitarios. Sin embargo, señaló que cualquier acuerdo deberá contar con el apoyo de la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, figura clave en el escenario político actual y símbolo del reclamo democrático en ese país.
En medio de este panorama, Colombia ha advertido sobre los riesgos de una posible intervención militar extranjera, especialmente por parte de Estados Unidos, que ha incrementado su presencia militar en el mar Caribe en tiempos recientes. El Gobierno colombiano ha reiterado su rechazo a cualquier acción armada, señalando que un conflicto podría desencadenar consecuencias humanitarias masivas y generar un nuevo flujo migratorio imposible de contener.
Actualmente, cerca de ocho millones de venezolanos han abandonado su país en la última década, y casi tres millones se han establecido en Colombia, según cifras de Acnur. La canciller Villavicencio alertó que una intervención armada podría multiplicar esas cifras, provocando una crisis humanitaria de dimensiones incalculables en la región.
La apuesta, por tanto, no solo es política sino profundamente humanitaria: abrir la puerta a una transición pacífica, ofrecer garantías para quien deje el poder y permitir que Venezuela reconstruya su democracia sin volver a caer en el abismo del conflicto ni la persecución.
