Más de 13.9 millones de electores en Ecuador están convocados a votar en el referéndum que se llevará a cabo el próximo domingo 16 de noviembre. La consulta impulsada por el presidente Daniel Noboa propone que los ecuatorianos se pronuncien sobre la instauración de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna, para remplazar la aprobada durante el periodo del expresidente Rafael Correa (2007–2017).
Tensión en Ecuador por referéndum: denuncian irregularidades y un riesgo para la soberanía del país
Las otras tres preguntas son sobre la reinstalación de bases militares extranjeras, la eliminación de la financiación pública a organizaciones políticas y la reducción del número de asambleístas de 151 a 73.
Habilitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), se viene desarrollando una consulta adelantada bajo la consiga «Voto en casa» en el que 597 personas mayores de 50 años y con discapacidad física igual o superior al 75% están habilitadas para votar desde sus domicilios.
Esta votación se realiza después de que este jueves votasen 1.030 reclusos sin sentencia en firme en los centros penitenciarios del país, con excepción de la cárcel de Machala, cercana a la frontera con Perú, donde el domingo fueron asesinados 31 presos.
El referéndum se realiza luego del Paro nacional que se desarrolló desde septiembre a octubre del 2025, y que fue fuertemente reprimido por el gobierno dejando un saldo de al menos tres fallecidos, mas de 470 heridos y cientos de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
Reinstalación de Bases Militares
La reinstalación de bases militares norteamericanas es una de las propuestas sobre las que deberán decidir los ecuatorianos, y una encuesta previa señala que 43 por ciento de los consultados se posiciona en contra de la iniciativa del mandatario, frente a un 38 por ciento que se mostró a favor.
Quienes se oponen a la propuesta argumentan la defensa de la soberanía nacional, el riesgo de que el país se involucre en conflictos internacionales y la desconfianza histórica hacia la presencia militar de Estados Unidos en la región.
En contraste, los ciudadanos que respaldan la medida la justifican por la crisis de inseguridad interna que atraviesa Ecuador y la necesidad de afianzar la cooperación logística y militar con potencias extranjeras.
A principios de noviembre La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EE.UU.), Kristi Noem arribó a Ecuador y junto al presidente Daniel Noboa, recorrió dos sitios considerados estratégicos para la potencial instalación de bases de su país.
Bajo el pretexto de poder contar con la ayuda militar norteamericana para combatir a los grupos narcotraficantes calificados de terroristas por Washington, Noboa ya había contratado como asesor al paramilitar Erik Prince.
La posibilidad de instalar bases extranjeras depende exclusivamente de la voluntad popular expresada en el referéndum, ya que la legislación vigente, impulsada en 2008 por el entonces presidente Rafael Correa, prohíbe explícitamente estas infraestructuras.
El verdadero interés del gobierno de Donald Trump en Ecuador es geopolítico: las Galápagos cumplen una doble función ofensiva y defensiva. Desde allí se puede cubrir militarmente Mesoamérica y el nuevo Corredor Transístmico de México, el Canal de Panamá y el Puerto de Chancay en Perú, una pieza clave de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.
Al mismo tiempo, el archipiélago opera como una extensión complementaria —aunque no oficial— del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD) y de la Estrategia del Indo-Pacífico, conectando el Pacífico oriental con la arquitectura de seguridad diseñada para disuadir a China.
Asamblea Constituyente
La propuesta del Presidente Daniel Noboa de convocar mediante el referéndum a una Asamblea Constituyente se inició con polémica, ya que el mandatario no ha precisado qué aspectos busca reformar de la Constitución y ha llegado a insinuar que su nueva Carta podría ser redactada por ChatGPT.
De aprobarse en las urnas, la Asamblea Constituyente será convocada dentro de los 90 días posteriores a la proclamación de resultados de la consulta popular, y la sede para su instalación será determinada por la autoridad electoral, misma que establecerá un calendario para todo el proceso.
La Constituyente se compondrá con 52 asambleístas provinciales, 22 asambleístas por lista nacional, 6 asambleístas del exterior, repartidos en tres zonas: Europa–Asia–Oceanía, Estados Unidos–Canadá, y América Latina–Caribe–África, con dos escaños cada una, electos por voto popular.
Desde la oposición se indica que la propuesta de Asamblea Constituyente amenaza con prolongar la inestabilidad que dice querer terminar. La propuesta de reglas mayoritarias, la ausencia de garantías de pluralidad y un contexto de polarización hacen improbable que el proceso produzca un nuevo pacto.
Eliminación de la financiación pública a organizaciones políticas
Sobre la tercera propuesta, Santiago Cahuasquí, experto en derecho electoral comparado, reflexiona que “Esta reforma podría afectar el corazón de las organizaciones políticas que son instituciones públicas no estatales. Si se les retira el financiamiento púbico, perderían también este carácter y obligaciones de pluralismo y representación frente a la sociedad».
Otro aspecto en debate fue el control del Estado sobre los financiamientos irregulares para fines electorales. El experto cuestionó que, sin fondos públicos, las instituciones de control como la Contraloría General del Estado, o el mismo CNE no podría efectuar labores de fiscalización sobre la entrega ni el destino de estos fondos en época electoral.
Reducción de miembros de la Asamblea Nacional
De ser aprobado el Si en el referéndum propuesto por el gobierno, la Asamblea Nacional podría quedar reducida a 73 integrantes. La baja calidad legislativa y los costos de operación son algunos de los argumentos del oficialismo para la propuesta.
Los ecuatorianos son consultados si está de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional.
De imponerse el ‘Sí’ en esta pregunta, la reducción del número de asambleístas será drástica para el siguiente periodo legislativo, pasando de los actuales 151 a apenas 73 asambleístas, lo que implica un cambio en el tablero político a quedar representado.
Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala que la Asamblea Nacional, históricamente ha tenido una grave crisis de credibilidad y que el problema no se resuelve solo reduciendo su tamaño.
Explica que existen demasiados movimientos y partidos políticos con poca preparación para legislar o fiscalizar, y advierte que, aunque haya menos asambleístas, la calidad de sus representantes podría seguir siendo la misma.
De ganar el Sí en esta pregunta, al menos 11 provincias podrían quedar con únicamente un representante, lo que genera dudas sobre paridad territorial y género. Según el experto, la Asamblea quedaría conformada por 73 curules, la mayoría ocupadas por hombres mayores. Además se requerirían únicamente de 38 votos para aprobar leyes o fiscalizar.
En su análisis, una Asamblea más pequeña, con menos comisiones y menos diversidad de voces, podría concentrar un poder excesivo si no se implementan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Muchos afirman que un parlamento más pequeño sería más eficiente, sin embargo, según Roger, no. Si hipotéticamente ahora el 50% son malos, en una Asamblea más pequeña se va a mantener el 50% de legisladores malos.
Desde el punto de vista del gasto público, el Coordinador del Observatorio Legislativo afirma que la Asamblea gasta aproximadamente USD 50 millones anuales, y lo compara con casos de corrupción en donde se han perdido valores mayores.Denuncian favoritismo del oficialismo
La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH) envió una carta abierta a las Misiones de Observación Electoral en la que advierten sobre posibles irregularidades en el proceso de Consulta Popular y Referéndum del próximo domingo 16 de noviembre en Ecuador.
La organización señaló una serie de puntos en los que declaraban las irregularidades detectadas en el proceso electoral pasado y que favorecían en mayor medida a la candidatura oficialista.
En el documento destacan que se observó una incoherencia entre «la interpretación de las infracciones electorales» y «la aplicación de las sanciones correspondientes por la parte del Tribunal Contencioso Electoral», así como la no sustitución de los jueces y consejeros con mandato expirado por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, generando una «pérdida de credibilidad de las instituciones electorales».
Zenaida Mercado Romero
Fuente de esta noticia: https://reporteconfidencial.info/2025/11/15/tension-en-ecuador/
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