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Carlos Caicedo, candidato a la Presidencia de Colombia y líder del movimiento Fuerza Ciudadana, emitió una denuncia de máxima gravedad dirigida al presidente Gustavo Petro, a las instituciones del Estado y a la comunidad internacional. Según advierte, en el departamento del Magdalena estaría en marcha una operación estructurada para arrebatar por la fuerza lo que ciertos sectores no han logrado obtener en las urnas, poniendo en riesgo directo la integridad del proceso democrático.
Caicedo sostiene que en Santa Marta y en diversas zonas rurales del departamento operan alianzas entre actores políticos tradicionales y estructuras criminales. Afirma que el alcalde Pinedo, cuya gestión, asegura, ha significado un retroceso para la ciudad- actúa en coordinación con familias terratenientes de histórica influencia regional, como los Dávila Abondano, los Cotes y los Vives. A esta alianza se suma el candidato a la Gobernación, Rafael Noya, respaldado por partidos con presencia nacional, junto a sectores cuyos apoyos conducen, según las denuncias ciudadanas, a prácticas de intimidación y manipulación electoral.
De acuerdo con los reportes recopilados por Fuerza Ciudadana, comunidades enteras estarían siendo presionadas mediante mecanismos que involucran desde compra de votos hasta amenazas directas. En la zona del Río, integrantes del Clan del Golfo obligarían a los habitantes a votar por candidatos previamente pactados; mientras que, en la Troncal del Caribe, el grupo conocido como “los Pachenca” estaría ejerciendo presión sobre líderes comunitarios y movilizando recursos para distorsionar el sufragio. Caicedo advierte además que se prepara un presunto fraude institucional en coordinación con un registrador zonal, identificado como cercano al candidato apoyado por estas estructuras.
A estas maniobras se suma un intento de anular la candidatura de Margarita Guerra, aspirante de Fuerza Ciudadana que encabeza todas las encuestas regionales. El movimiento político señala que el trámite ante el CNE busca sacarla del proceso mediante decisiones irregulares, sin respeto por el debido proceso y desestimando los recursos presentados por su equipo jurídico.
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Caicedo se pregunta quién asegura la vigencia de la democracia en el país cuando, según afirma, su movimiento ha sido objeto de un patrón persistente de ataques: el desconocimiento del umbral legislativo en 2022, la controversia que rodeó la elección de la Alcaldía de Santa Marta en 2023, la posterior revocatoria de la personería jurídica del movimiento, la destitución del gobernador elegido por el Magdalena mediante una figura jurídica cuestionada y, ahora, un nuevo intento de impedir la participación de su candidata a pocos días de las elecciones.
Frente a este panorama, solicita al presidente Petro, a quien asegura haber respaldado en numerosas circunstancias- que, como jefe de Estado, garantice que las instituciones respondan con imparcialidad y protejan el derecho de su colectividad a la participación política. La situación, advierte, no solo afecta a Fuerza Ciudadana, sino a la estabilidad misma del sistema democrático en el país.
Caicedo exige la instalación inmediata de un Consejo Nacional de Seguimiento Electoral con la participación de autoridades, partidos y organismos de observación, tanto nacionales como internacionales, para evitar que las prácticas denunciadas desemboquen en una alteración irreversible del resultado electoral. Recuerda que en 2023 su movimiento ya había alertado sobre la manipulación en la elección de la Alcaldía de Santa Marta y que, pese a las advertencias, las autoridades encargadas no intervinieron oportunamente. Hoy, afirma- la amenaza es aún mayor, mientras figuras con cercanía a quienes tendrían responsabilidad en estos hechos han optado por ignorar la gravedad del momento.
carloscastaneda@prensamercosur.org
