En el marco de los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los habitantes del MERCOSUR, se está trabajando en la aprobación de una Ley Regional de Etiquetado Frontal. Este proyecto, liderado por el parlamentario del Mercosur, Matías Sotomayor, busca implementar un sistema común que permita a los consumidores tomar decisiones más informadas sobre los alimentos que consumen, promoviendo así una alimentación más sana, consciente y soberana.
El etiquetado frontal se ha convertido en una herramienta clave para combatir los problemas relacionados con la mala alimentación, como el sobrepeso y las enfermedades no transmisibles. En la región del MERCOSUR, más del 60% de la población sufre de exceso de peso, y una de cada tres muertes está directamente relacionada con hábitos alimenticios poco saludables. Frente a esta realidad alarmante, surge la necesidad urgente de adoptar medidas que prioricen la salud pública y el bienestar colectivo.
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La iniciativa cuenta con el respaldo de la Comunidad de Práctica Latinoamericana y del Caribe en Nutrición y Salud (COLANSA), universidades y organizaciones sociales que han trabajado conjuntamente para desarrollar una normativa basada en evidencia científica y principios de justicia social. El objetivo es garantizar que los productos alimenticios incluyan etiquetas claras y visibles que alerten sobre el contenido excesivo de azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías. Esto permitirá a los consumidores identificar fácilmente los productos que podrían representar un riesgo para su salud.
Este enfoque no solo busca informar, sino también fomentar cambios en los patrones de consumo hacia opciones más saludables. Asimismo, se espera que las empresas alimenticias adapten sus productos para cumplir con los estándares establecidos, lo que podría generar un impacto positivo en la oferta alimentaria disponible en el mercado.
La propuesta también tiene un trasfondo político y social importante: fortalecer la soberanía alimentaria de los países miembros del MERCOSUR. Promover una alimentación saludable no solo impacta en la salud individual, sino que también contribuye al desarrollo sostenible de las naciones. Al priorizar la producción y el consumo de alimentos más nutritivos y locales, se fomenta un sistema alimentario más resiliente y menos dependiente de productos ultraprocesados importados.
Además, este proyecto está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, particularmente con aquellos relacionados con la salud y el bienestar (ODS 3) y la producción y consumo responsables (ODS 12). La meta es que para el año 2030, todos los países del MERCOSUR cuenten con un sistema común de etiquetado frontal que proteja la salud pública y promueva prácticas sostenibles.
El protocolo 000358/2025 – NPr 358-2025 PDE 92/2025 PDecl., titulado «Promoción de una Ley Regional de Etiquetado Frontal en el MERCOSUR», representa un paso significativo hacia la integración regional en materia de salud pública. La implementación de esta normativa requerirá un trabajo coordinado entre los gobiernos, las instituciones académicas, las organizaciones sociales y el sector privado. Sin embargo, los beneficios potenciales para la población superan ampliamente los desafíos.
El etiquetado frontal no solo es una herramienta educativa, sino también un acto de justicia social. Permite reducir las desigualdades al brindar información accesible a todos los consumidores, independientemente de su nivel educativo o socioeconómico. Además, empodera a las personas para tomar decisiones más conscientes sobre su alimentación y su salud.
La aprobación de una Ley Regional de Etiquetado Frontal en el MERCOSUR es un paso crucial para enfrentar la crisis de salud pública relacionada con la mala alimentación. Este esfuerzo colectivo refleja el compromiso de la región con la construcción de un futuro más saludable, equitativo y sostenible. Como bien señala el parlamentario Matías Sotomayor, «comer mejor también es construir soberanía».
Es momento de que los países del MERCOSUR unan fuerzas para implementar esta normativa que beneficiará a millones de personas. Porque garantizar una alimentación saludable no es solo una cuestión individual, sino una responsabilidad compartida que impacta en el bienestar presente y futuro de nuestras sociedades.
