La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Fernando Calvo
El Gobierno de Pedro Sánchez da un paso clave para mejorar la calidad educativa con menos alumnos por aula y más tiempo para los docentes
El Gobierno español ha dado un paso decisivo para transformar el sistema educativo al aprobar el anteproyecto de ley que reducirá el número de alumnos por aula y regulará, de manera uniforme, la carga lectiva del profesorado no universitario. La medida, impulsada por el Consejo de Ministros, busca mejorar la calidad educativa, garantizar una atención más personalizada al alumnado y reconocer la labor de los docentes como pilares fundamentales del sistema.
Desde el Palacio de la Moncloa, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, explicó que la iniciativa pretende “mejorar la calidad del sistema educativo y las condiciones de trabajo de los profesores y, en consecuencia, de los estudiantes”. Con un tono firme y optimista, Alegría subrayó que se trata de una reforma “de justicia y absolutamente necesaria”, orientada a fortalecer la equidad y el bienestar dentro de las aulas.
El texto del anteproyecto establece una reducción del número máximo de alumnos por clase: 22 en Educación Primaria, frente a los 25 actuales- y 25 en Educación Secundaria Obligatoria, en lugar de los 30 vigentes-. Además, introduce un criterio de inclusión más riguroso, al disponer que los estudiantes con necesidades educativas especiales sean contabilizados como dos plazas en los centros sostenidos con fondos públicos. Esta medida permitirá una mejor distribución del alumnado y garantizará una enseñanza más adaptada a las realidades de cada aula a partir del curso 2026-2027.
En paralelo, el Gobierno fija nuevos límites para la jornada lectiva semanal del profesorado. Los maestros de Infantil, Primaria y Educación Especial tendrán un máximo de 23 horas, mientras que los docentes de Secundaria y otras enseñanzas no universitarias contarán con un máximo de 18 horas semanales. Esta regulación, que será de aplicación obligatoria en todas las comunidades autónomas a partir del próximo curso, busca aliviar la carga laboral de los profesores y permitirles dedicar más tiempo a la preparación de clases, la formación continua y la atención individual al alumnado.
Durante su intervención, Pilar Alegría recordó que este proyecto también tiene un componente reparador: “Queremos revertir los recortes que el mundo educativo, especialmente nuestros docentes, sufrieron en el año 2012”, afirmó, en alusión a las medidas restrictivas implementadas durante el anterior Ejecutivo. Para la ministra, la nueva ley no solo dignifica la profesión docente, sino que reafirma el compromiso del Gobierno con el futuro del país. “Si queremos cuidar a quienes nos enseñan, debemos estar a su lado. En ellos está el futuro de España”, enfatizó.
El proceso legislativo del anteproyecto se desarrollará en diálogo con las comunidades autónomas y las organizaciones sindicales del sector. Según Alegría, ya se han mantenido varias reuniones y se espera que el texto regrese al Consejo de Ministros en enero para su aprobación definitiva antes de ser remitido al Parlamento. El Ejecutivo confía en que la norma cuente con un respaldo amplio, al tratarse de una medida que responde a una demanda histórica del profesorado y de las familias.
En la misma sesión, el Consejo de Ministros también aprobó una partida de 36,5 millones de euros destinada al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), una iniciativa que busca promover el desarrollo económico en la provincia aragonesa. La ministra detalló que esta subvención, cofinanciada por el Gobierno central y la comunidad autónoma de Aragón, refuerza el compromiso con la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.
Hasta ahora, el fondo contaba con una dotación de 60 millones de euros, pero el Ejecutivo se ha comprometido a elevar progresivamente su cuantía hasta alcanzar los 86 millones en un plazo de dos años. “Con esta decisión, el Gobierno cumple su palabra y reafirma su compromiso con Aragón y con la provincia de Teruel”, concluyó Alegría.
Con estas medidas, el Gobierno busca equilibrar la balanza entre calidad educativa, justicia territorial y reconocimiento al trabajo docente, apostando por un modelo que ponga a las personas, profesores y alumnos- en el centro del sistema.
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