El representante de la Junta de Contratación en la mesa de adjudicación de las obras del túnel de Belate, Gonzalo Pérez Remondegui, ha indicado este martes en la comisión de investigación que se está desarrollando en el Parlamento navarro que no ha estado en ninguna otra mesa «con las vicisitudes» de esta y ha calificado el proceso de «inusual claramente».
De hecho, a preguntas de UPN, ha señalado, compartiendo la opinión del secretario de la mesa, que la adjudicación debió ser nula al pedir el director general de Obras Públicas un informe de solvencia cuando la mesa ya estaba disuelta. «Ese es un requisito de nulidad. Son funciones exclusivas de la mesa y el órgano de contratación es órgano incompetente, manifiestamente incompetente, para desarrollar actuaciones que legalmente, además expresamente, están atribuidas en la ley a la mesa», ha indicado el letrado, para considerar que la adjudicación debió ser nula por ese motivo.
Pérez Remondegui ha afirmado que este fue un proceso excepcional, como le ha preguntado el portavoz de UPN, Javier Esparza, y ha señalado que no recordaba haber registrado un voto particular en otras mesas de contratación, un voto en el que se reafirma. «Por supuesto», ha incidido.
El letrado ha señalado que faltaban motivaciones por parte de los miembros ingenieros de la mesa, «sin ellas la adjudicación no es conforme a la ley». Ha explicado, sobre quién garantiza la legalidad del proceso, que «por supuesto, es una cuestión jurídica, es una cuestión reiteradamente establecida por la ley, lo establece la jurisprudencia, lo han establecido los tribunales de contratación, el central de recursos contractuales y el nuestro».
«Y, por supuesto, es una cuestión jurídica que le corresponde, en primer lugar, al secretario y, en segundo lugar, al interventor y a mí», ha expuesto. Preguntado si no es una cuestión que corresponda a los ingenieros, Pérez Remondegui ha comentado que «no». «Ellos valoran técnicamente, es su especialidad, la ley les otorga esa capacidad en función de sus conocimientos, pero tienen que hacer la valoración de acuerdo con la ley», ha dicho.
El letrado ha señalado que, al conocer la investigación policial posterior sobre Servinabar –empresa adjudicataria de las obras en UTE con Acciona– ha afirmado que le resultó «impactante, pero hasta ahí». «Yo estoy en el procedimiento administrativo, nunca me ha pasado esto en el desarrollo de un contrato. Yo hice lo que tenía que hacer de acuerdo con la ley, siempre he intentado hacerlo. Yo hice un voto particular porque consideraba que no era de acuerdo con la ley y lo sigo considerando», ha señalado.
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