Ministro de Salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo
El debate sobre la reforma a la salud en Colombia volvió a encenderse tras las recientes declaraciones del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, uno de los funcionarios más activos y con mayores resultados dentro del actual gobierno. En medio de la parálisis legislativa que mantiene detenido el proyecto de reforma desde hace más de un año, el jefe de la cartera de Salud elevó un mensaje directo y sin rodeos al Congreso de la República, reclamando decisión política para sacar adelante una de las transformaciones más esperadas por el país.
“Inoperante es no mover un proyecto que lleva más de un año esperando. Han convertido los hospitales en directorios políticos y manejan la salud desde hace décadas, pero ahora quieren mostrarse diferentes”, expresó el ministro ante la Comisión Séptima del Senado, en un discurso que rápidamente generó reacciones dentro y fuera del Capitolio.
Con un tono firme, Jaramillo cuestionó la falta de voluntad de algunos sectores para tramitar una iniciativa que, según él, busca desmontar un modelo que ha permitido el deterioro del sistema y el abuso de la intermediación financiera en la prestación de los servicios médicos. El ministro insistió en que la salud en Colombia no puede seguir siendo tratada como una mercancía o un negocio sometido a los intereses de las EPS, sino como un derecho fundamental que debe garantizarse desde lo público, con transparencia, eficiencia y enfoque humano.
Durante su intervención, el ministro recordó que los principales opositores de la reforma son, paradójicamente, los mismos que durante años defendieron un sistema que ha sido incapaz de garantizar atención oportuna y de calidad a millones de colombianos. “No pueden ahora presentarse como los defensores del sistema cuando fueron ellos quienes avalaron su desangre. La corrupción, el clientelismo y la ineficiencia han sido la constante, y por eso la ciudadanía exige un cambio real”, señaló.
Jaramillo también enfatizó que la reforma no busca destruir lo construido, sino corregir un modelo que se desvió de su propósito original. Explicó que el proyecto propone un fortalecimiento estructural del sistema público de salud, la dignificación del personal médico y la garantía de que los recursos lleguen directamente a los hospitales y centros de atención, sin la intermediación de entidades privadas que, en muchos casos, han priorizado sus balances financieros sobre el bienestar de los pacientes.
“El país no puede seguir postergando un debate que define el futuro de millones de familias. Cada día que pasa sin aprobar esta reforma, más personas sufren por la falta de atención, más hospitales cierran sus puertas y más profesionales de la salud son sometidos a la precariedad”, advirtió el ministro, señalando que la salud es un asunto de Estado y no de conveniencias partidistas.
Las palabras de Jaramillo resonaron con fuerza en el Congreso y en la opinión pública, en un momento en el que el Gobierno Nacional intenta recuperar el impulso político para sacar adelante una de sus principales banderas sociales. El ministro, reconocido por su estilo directo y su conocimiento técnico, se ha convertido en una de las voces más firmes dentro del gabinete, dispuesto a defender la reforma incluso frente a la resistencia de los sectores más poderosos del sistema.
En su intervención, Jaramillo concluyó con un llamado al sentido de responsabilidad de los legisladores: “Este no es un debate de Gobierno contra oposición, ni de izquierda o derecha. Es una decisión sobre el tipo de país que queremos ser. Si realmente creemos que la salud es un derecho, debemos actuar en consecuencia y garantizarla para todos y todas, sin privilegios, sin corrupción y sin excusas”.
Con estas declaraciones, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no solo reavivó el debate sobre la reforma, sino que volvió a poner sobre la mesa una de las discusiones más profundas de la agenda nacional: ¿quién debe administrar la salud de los colombianos, el Estado o los intereses privados? Su postura, contundente y sin ambigüedades, marca un nuevo capítulo en una lucha política que definirá el futuro del sistema de salud en Colombia.
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