Una investigación reciente ha expuesto los tentáculos de una organización criminal que se mueve con la discreción y eficacia de una corporación multinacional. La llamada “Nueva Junta del Narcotráfico” (NJN), según informes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia, ha logrado infiltrarse en sectores empresariales clave, desde clubes de fútbol hasta compañías de seguridad privada, construyendo una red de operaciones que trasciende fronteras y convierte al país en epicentro de un complejo entramado de poder financiero y criminal.
El reportaje, publicado por El País América (Colombia) y firmado por la periodista Valentina Parada Lugo, revela una estructura que combina viejos mecanismos del narcotráfico con estrategias empresariales modernas. Los investigadores señalan vínculos directos con al menos dos equipos del fútbol profesional colombiano. Independiente Santa Fe y Tigres F.C.– y con cuatro compañías de seguridad que funcionan como soporte logístico, financiero y operativo para esta red transnacional.
El documento de inteligencia describe a la NJN como una organización que ha reemplazado las jerarquías verticales del antiguo narcotráfico por una estructura horizontal y descentralizada. En la cúspide aparece el nombre de Julio Lozano Pirateque, señalado como principal articulador, aunque las operaciones se ramifican en distintos nodos con presencia en España, Dubái, Turquía, Bolivia, Serbia y Uruguay. La globalización, que en otros sectores es sinónimo de expansión comercial, aquí se traduce en la internacionalización del crimen.
El informe dedica un capítulo clave a las conexiones con el fútbol. Menciona a Luis Eduardo Méndez Bustos, actual presidente de Independiente Santa Fe, y al fallecido Édgar Páez Cortés, quien dirigió Tigres F.C. hasta su asesinato en 2023. Ambos, de profesión abogados penalistas, figuran en los registros de inteligencia como piezas relevantes por sus supuestos nexos con narcotraficantes y por las asesorías legales que habrían brindado a miembros de la junta. Méndez ha rechazado públicamente cualquier vínculo con la organización, asegurando que su relación con los implicados fue estrictamente profesional y sin conexión con el club capitalino. Sin embargo, los investigadores sostienen que las asesorías jurídicas se convirtieron en una vía eficaz para encubrir operaciones de lavado de dinero a través de entidades deportivas.
El caso de Páez reviste especial simbolismo. Su asesinato, que en su momento fue atribuido a un ajuste de cuentas sin contexto claro, ahora se asocia directamente a su papel dentro de la estructura. Los documentos de inteligencia lo ubican en la segunda línea de mando de la NJN, lo que explica por qué su muerte generó tanto hermetismo en el entorno deportivo. Según el reportaje, las autoridades intentaron contactar a los actuales directivos de Tigres F.C., pero no obtuvieron respuesta.
El otro brazo del entramado criminal opera en el sector de la seguridad privada. Cuatro empresas fueron señaladas por la DNI como instrumentos fundamentales para la legalización de armas, la capacitación de escoltas y la obtención de licencias que otorgan una fachada de legitimidad a los líderes de la red. Entre ellas figura Seguridad Oriental Limitada, vinculada históricamente a los esmeralderos Hernando Sánchez y Juan Sebastián Aguilar, conocido como “Pedro Pechuga”, ambos asesinados en Bogotá. Esta compañía, ahora bajo otros socios, mantiene nexos con Esmeralda Santa Rosa, otro nombre recurrente en el mundo del lavado de activos.
Otra de las empresas citadas es Hidra Seguridad, fundada en 2022 en Bogotá. De acuerdo con la investigación, esta firma fue utilizada por Dionisio de Jesús Vera Olmos, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y por otros individuos extraditados, para tramitar certificados de seguridad privada y permisos de porte de armas. Representantes de la empresa aseguraron que su creación fue legítima y que fueron “infiltrados” por estos personajes bajo el pretexto de recibir formación en protección ejecutiva. El informe también menciona a Magal Vigilancia y Seguridad Privada, constituida en Villavicencio y vinculada a Jorge Iván González, alias “J la Firma”, así como a Seguridad Sara Ltda., creada por Jenner Arturo Tapiero y Jorge Oswaldo Castaño, ambas relacionadas con operaciones similares.
El mosaico que dibuja la investigación es inquietante: clubes de fútbol utilizados para lavar dinero mediante contratos, patrocinios y fichajes; compañías de seguridad que legalizan armamento y ofrecen cobertura operativa; y una red internacional que extiende su influencia desde América Latina hasta Europa y Medio Oriente.
La “Nueva Junta del Narcotráfico” no es una simple reedición de los antiguos carteles, sino una entidad híbrida que entiende el lenguaje empresarial, aprovecha vacíos regulatorios y se mimetiza en las dinámicas económicas legales. La sofisticación de su estructura demuestra que el narcotráfico colombiano ya no se oculta en la clandestinidad, sino que opera con la impunidad de un actor económico más dentro del sistema.
El reto para las autoridades, advierten expertos, es que la NJN no se enfrenta únicamente con armas, sino con contratos, abogados, licencias y patrocinios deportivos. En ese nuevo tablero, la frontera entre lo legal y lo criminal se vuelve tan difusa como rentable.
