En la Cámara de Diputados fue presentado un proyecto de ley “Que establece un régimen de trabajo penitenciario autogestionado en Paraguay”, con enfoque en derechos humanos y reinserción social de las personas privadas de libertad.
En la exposición de motivos, la diputada y proyectista, Alexandra Zena, destacó que el sistema penitenciario nacional enfrenta graves problemas de sobrepoblación, condiciones inadecuadas y falta de oportunidades de reinserción, situación que no solo vulnera derechos fundamentales sino que perpetúa un ciclo de marginación y reincidencia delictiva.
La iniciativa propone crear un programa de trabajo voluntario y remunerado en condiciones dignas, que permita a los reclusos adquirir habilidades laborales mientras contribuyen, en la medida de lo posible, a cubrir parte de los costos de su estadía en prisión.
La diputada, en su escrito de presentación, enfatiza que el programa respetará estrictamente los estándares internacionales de derechos humanos, garantizando que el trabajo no sea forzado ni explotador, en concordancia con convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
Argumenta, por otro lado, que diversos estudios demuestran que la capacitación y el acceso al trabajo disminuyen, significativamente, la reincidencia delictiva, al proveer no solo un medio de subsistencia sino también responsabilidad, sentido de propósito y disciplina.
El proyecto contempla la instalación de talleres productivos dentro de los penales, la prestación de servicios comunitarios, y la firma de convenios con empresas privadas para la contratación de mano de obra carcelaria bajo estrictos controles de derechos laborales.
En cuanto a la remuneración, el proyecto establece que el salario percibido por los internos no podrá ser inferior al 70% del salario mínimo vigente, con derecho a beneficios laborales básicos. Los ingresos generados se distribuirán en porcentajes destinados a un fondo de sostenibilidad del programa, ahorro personal, reparación a víctimas, sostenimiento del programa y asistencia social para internos en situación de vulnerabilidad.
La implementación será progresiva, iniciando con una fase piloto de dos años en al menos tres establecimientos penitenciarios seleccionados según criterios de infraestructura, índice de reincidencia y presencia de programas educativos.
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