La defensa de la producción nacional y la lucha contra el contrabando son objetivos que deben complementarse, no enfrentarse. Así lo reafirmaron los gremios que abogan por el respeto a los productores quienes, a través de inversión, generación de empleo y trabajo formal, aportan al desarrollo nacional.
El reciente operativo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), en una finca productora de cebolla del Chaco, volvió a poner en debate la necesidad de armonizar los controles estatales con las características particulares del campo paraguayo, sobre todo, desde el acompañamiento técnico y la capacitación donde las distancias y los procedimientos pueden dificultar el cumplimiento inmediato de las formalidades.
En el caso particular de la intervención en la Picada 500, km130, departamento de Boquerón (Chaco paraguayo) despertó una preocupación por la manera y la aparatosidad del procedimiento, incluyendo personal de la fuerza pública militar, y sin considerar el contexto ni la trayectoria del productor.
Los gremios de producción Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP) insisten en la importancia de una política de control que diferencie entre productores que trabajan y verdaderos contrabandistas, evitando generalizaciones que desalientan la inversión y el arraigo rural. “Nosotros no vamos a defender a un contrabandista, pero sí al productor. Ir con policías y militares a una finca menonita, donde no había ningún riesgo, fue innecesario y dañino”, sostuvo el Ing. Héctor Cristaldo, representante gremial.
Además, recordó que se trata de uno de los principales productores de cebolla del país, con más de 70 hectáreas en producción, tecnología de punta, como por ejemplo riego por pivote, y más de 100 trabajadores que contribuyen en la finca.
El Ing. Cristaldo explicó que la confusión habría surgido por el uso de bolsas recicladas de origen brasileño, empleadas en la etapa de cosecha y clasificación de las cebollas, no a la comercialización. También recordó que el establecimiento cuenta con registros actualizados en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y documentación que respalda su producción. Tal como lo confirmó, la Ing. María del Carmen Berni, directora técnica del Senave, en entrevista radial.
Por su parte, Gian Hiebert, propietario de la carga, indicó: “Nosotros compramos bolsas recicladas en el Mercado de Abasto de Asunción, porque son mucho más baratas. Las usamos solo para cargar el descarte, las cebollas que no se venden ni tienen mercado, y que quedan para el consumo del personal. No son productos de venta ni de transporte”.
El productor recuperó parte de la mercadería, únicamente, presentando una póliza de garantía bancaria por el doble del valor estimado del producto, sin embargo, sigue sumariado y la investigación continúa.
Desafíos administrativos
Aunque la presunción que sostuvo la intervención fue la mezcla de cebollas locales con contrabando, el gerente general de Aduanas, Juan Olmedo, aseguró que no se trató de un caso de contrabando comprobado, sino de presuntas inconsistencias administrativas en las guías de transporte y facturación. A lo que se sumó un monitoreo y compra simulada -tras recibir alertas sobre una posible oferta de cebolla ingresada irregularmente al país- donde se observó la presencia de bolsas con etiquetado brasileño. Situaciones que fueron consideros como indicios para justificar la intervención.
Al respecto, desde los gremios reconocieron que el productor puede tener fallas en documentos, que deben ser manejadas con sanciones administrativas, pero no se lo puede tratar como contrabandista. Insisten en la necesidad de procedimientos proporcionales y contextualizados, que acompañen a los productores hacia la formalidad sin criminalizar el trabajo rural. “Los controles son necesarios, pero también lo es el respeto. El campo necesita confianza, no miedo”, subraya Cristaldo.
Pérdida de confianza
Además de que la intervención de los camiones se realizó de una manera brusca, con personal de la fuerza armada, se registró el “ordeño” de 105 litros de combustible de uno de los tres camiones incautados por la DNIT, según reportes de la empresa de monitoreo incorporado en el vehículo. Situaciones que afectan la confianza puesta en las autoridades.
