En el ámbito del derecho, el respeto a las garantías procesales y constitucionales constituye un pilar fundamental para garantizar la justicia y la imparcialidad en cualquier procedimiento judicial. Sin embargo, el caso del juez Amado Yuruhan, en el que tuve la oportunidad de acompañar como analista de casos complexo con funcionarios públicos, representa una clara desviación de estos principios rectores. A continuación, expongo los detalles de lo sucedido y reflexiono sobre las implicancias de estas irregularidades en el sistema judicial na cual me tengo como base las declaraciones del defensor publico del juez Amado Yuruhan.
Notificación Fuera de Plazo: Una Vulneración al Derecho de Defensa
El primer hecho que llama poderosamente la atención es la notificación de la audiencia preliminar con apenas 24 horas de antelación. Según lo establecido por la normativa procesal vigente, este tipo de diligencias debe ser notificado con un plazo no menor a cinco días hábiles. Este requisito no es un mero formalismo; su propósito es garantizar que las partes tengan tiempo suficiente para preparar sus argumentos y ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
En este caso, la notificación tardía no solo constituye una grave violación procesal, sino que también coloca a la defensa en una posición de evidente desventaja. Ante esta situación, el defensor publico Dr. Eduardo Medina que presentó inmediatamente un escrito solicitando la reposición del acto y apelando dicha irregularidad. Sin embargo, mi planteamiento no fue tramitado conforme a derecho. concluyó Medina.
Resoluciones Orales y Falta de Fundamentación Jurídica
En lugar de dar el trámite escritural correspondiente a la solicitud, el fue convocado a una audiencia telemática para resolver el planteamiento de manera inmediata y oral. «Lo insólito de esta situación radica en que la decisión fue tomada sin fundamentación legal ni constitucional alguna, rechazándose mi pedido sin ofrecer argumentos claros que justificaran tal determinación.
Esta práctica no solo resulta impropia en un sistema que prioriza el respeto al debido proceso, sino que también genera incertidumbre jurídica. Las resoluciones judiciales deben estar debidamente motivadas, ya que esto permite a las partes conocer las razones detrás de una decisión y, en caso de desacuerdo, ejercer los recursos correspondientes». Declaro Medina en publicación en sus redes sociales.
Rechazo al Trámite de Apelación: Un Precedente Peligroso
Posteriormente, al solicitar el trámite de apelación durante la audiencia, el pedido fue nuevamente rechazado por el juez. Esta negativa representa una clara obstrucción al acceso a los recursos procesales establecidos por la ley. La apelación es un mecanismo esencial para garantizar una segunda revisión de las decisiones judiciales, especialmente cuando existen indicios de arbitrariedad o errores en el procedimiento.
El rechazo sistemático a las solicitudes no solo afecta al defendido, quien también es abogado y comprende la magnitud de estas irregularidades, sino que además sienta un precedente preocupante sobre la falta de garantías en los procesos judiciales.
La Recusación y Autoconfirmación del Juez: Un Acto Inaudito
Ante las múltiples irregularidades observadas, el acusado el Dr. Amado Yuruhan decidió recusar al juez por considerar que este no actuaba con la imparcialidad requerida. Sin embargo, lo más sorprendente fue la respuesta del propio magistrado: en lugar de dar trámite a la recusación conforme a lo estipulado por la ley, resolvió él mismo no hacer lugar al planteamiento y se autoconfirmó como juez de la causa.
Este acto constituye una violación flagrante al principio de imparcialidad judicial, ya que ningún juez puede decidir sobre su propia recusación. Este tipo de conductas mina gravemente la confianza en el sistema judicial y refuerza la percepción de arbitrariedad en los procedimientos. Finalizó Medina.
Reflexión Sobre el Estado de la Magistratura
El caso del juez Amado Yuruhan pone en evidencia serias deficiencias en el sistema judicial y en los mecanismos de selección y control de jueces y fiscales. La falta de criterio y rigor por parte del Consejo de la Magistratura en estos procesos tiene consecuencias directas sobre la calidad de la justicia impartida.
Es imperativo que se adopten medidas para garantizar que los magistrados sean seleccionados no solo por sus conocimientos técnicos, sino también por su compromiso con los principios éticos y constitucionales. Asimismo, es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión y sanción para evitar que se repitan situaciones como las descritas.
El respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales no es negociable. Casos como el del juez Amado Yuruhan evidencian la necesidad urgente de reformas estructurales en el sistema judicial para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a una justicia imparcial y transparente. Como profesionales del derecho, tenemos la responsabilidad de denunciar estas irregularidades y trabajar incansablemente por un sistema judicial más justo y equitativo. Solo así podremos restaurar la confianza en nuestras instituciones y proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
