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La tensión diplomática se intensifica en América Latina tras una nueva serie de bombardeos ejecutados por Estados Unidos en aguas internacionales del Pacífico oriental, cerca de las costas de Colombia. De acuerdo con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, las operaciones, realizadas el lunes 27 de octubre, dejaron catorce personas muertas y un sobreviviente, en el marco de lo que Washington describe como una ofensiva contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
Los ataques se dirigieron contra cuatro lanchas que, según la versión oficial, eran “operadas por organizaciones terroristas designadas”. Sin embargo, no se han presentado pruebas públicas que confirmen la presencia de drogas o armamento a bordo. El Comando Sur de Estados Unidos asumió la coordinación inicial del rescate del único sobreviviente, mientras que las autoridades mexicanas aceptaron encargarse de la operación de búsqueda en el área, cuya ubicación exacta no ha sido revelada.
Las imágenes difundidas por el Pentágono muestran el momento en que las embarcaciones son alcanzadas por misiles de precisión. En ellas se observa actividad a bordo antes de los impactos, sin evidencia de enfrentamiento. De acuerdo con las cifras del propio Departamento de Guerra, las primeras dos lanchas transportaban ocho tripulantes en total, mientras que las otras dos movilizaban siete personas más. Todas fueron clasificadas por Washington como “narcoterroristas”.
Desde septiembre, Estados Unidos ha intensificado sus operaciones marítimas en el Caribe y el Pacífico, alegando una estrategia global contra el tráfico de estupefacientes. En menos de dos meses, las fuerzas norteamericanas han destruido al menos catorce embarcaciones y causado la muerte de cerca de sesenta personas, muchas de ellas en zonas cercanas a las costas de Venezuela y Colombia.
El incremento de las acciones militares ha despertado un amplio rechazo internacional. Diversos gobiernos y organizaciones humanitarias han cuestionado la legalidad de los bombardeos, denunciando la posible existencia de ejecuciones extrajudiciales y recordando que el uso de la fuerza en aguas internacionales está regulado por normas del derecho marítimo y humanitario. Colombia, como nación soberana, ha manifestado su preocupación por la proximidad de los ataques a su territorio marítimo y ha reiterado su compromiso con la defensa de su soberanía y la vida humana por encima de cualquier conflicto geopolítico.
Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump, de gira por Japón, defendió públicamente las operaciones, asegurando que su país “está librando una guerra contra los cárteles” y que las embarcaciones destruidas transportaban suficiente droga “para matar a 25.000 estadounidenses por sobredosis”. Trump insistió en que las acciones continuarán tanto en el Caribe como en el Pacífico y dejó entrever que no descarta operaciones terrestres en el futuro, aunque sin ofrecer detalles concretos.
La comunidad internacional observa con creciente inquietud la expansión de esta ofensiva, que muchos interpretan como un intento de Washington por imponer su control militar en una región históricamente sensible. Voces diplomáticas y analistas advierten que las medidas unilaterales podrían poner en riesgo la estabilidad del continente y socavar la cooperación regional en materia de seguridad. En medio del silencio oficial de algunos gobiernos, el debate sobre los límites del poder militar y la protección de los derechos humanos vuelve a ocupar un lugar central en la agenda latinoamericana.
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