En los primeros meses de indagación, la Comisión antimafia de pagarés y su equipo técnico descubrió que la manipulación de pagarés es solo una parte de un esquema más amplio que comienza antes de la ejecución judicial. Según explicó Diana Vargas, asesora de la comisión, existen mecanismos paralelos de descuento automático, cesión de créditos, refinanciaciones abusivas y débitos no autorizados, que afectan especialmente a trabajadores, jubilados y personas en situación de vulnerabilidad.
La Comisión implementó un registro digital de denuncias, que ya supera los 6.000 casos en todo el país. Además, brinda asistencia presencial diaria en la sede del Senado, por donde ya pasaron más de 1.000 personas afectadas.
Entre sus acciones principales se destacan, el registro detallado de denuncias y análisis de casos representativos, elaboración de diagramas de los distintos esquemas de estafa vinculados a los descuentos automáticos, embargos judiciales y cesiones de créditos.
Asimismo, intermediación con casas de cobranzas, bancos y empleadores para detectar irregularidades, coordinación interinstitucional con el Poder Judicial, el Banco Central del Paraguay y el Ejecutivo para impulsar reformas normativas.
Los hallazgos más graves apuntan a falsificaciones documentales y negligencias judiciales que facilitaron el accionar del esquema. Entre las irregularidades más frecuentes detectadas figuran, la falta de notificación a las víctimas, la liquidaciones con intereses usurarios no verificados por los jueces.
Asimismo, firmas falsas y cédulas adulteradas en pagarés, así como procesos duplicados en distintos juzgados con el mismo título, demandas iniciadas con fotocopias de pagarés devueltos y autorizaciones de descuento sin firma o sin fecha válida.
G. 1,6 billones bajo la lupa
El análisis financiero de la Comisión identificó que el monto total involucrado en juicios ejecutivos asciende a G. 1,6 billones, distribuidos en 308.615 cuentas judiciales. Sin embargo, el 83% de estos fondos está concentrado en solo seis juzgados de Paz. Los principales juzgados involucrados son:
- Encarnación: G. 565.043 millones (35% de los fondos totales)
- La Recoleta: G. 230.387 millones (14%)
- La Catedral: G. 163.770 millones (10%)
- San Roque: G. 155.225 millones (10%)
- Catedral – 2° Turno: G. 133.123 millones (8%)
- Villa Morra: G. 89.541 millones (6%)
En conjunto, estas seis sedes judiciales administran G. 1,33 billones, lo que confirma la alta concentración de fondos en pocas manos dentro del sistema judicial. La Comisión también advirtió sobre el surgimiento de nuevas formas de fraude, especialmente a través de empresas de “asesoría financiera” que prometen reestructurar deudas o levantar registros negativos en burós de crédito, a cambio de comisiones anticipadas.
El esquema consiste en firmar contratos que incluyen pagarés encubiertos, tras lo cual la empresa desaparece y la víctima queda con nuevas deudas y antecedentes morosos en Equifax.
Mencionaron durante el informe que algunas de estas empresas incluso gestionan créditos ante el Banco Nacional de Fomento (BNF) para captar fondos y retienen la totalidad del préstamo, dejando al afectado con tres deudas simultáneas: la original, la del BNF y la de la empresa asesora.
Resultados y reformas impulsadas
Entre los logros más destacados de la Comisión Antimafia se encuentran:
- Sanción de la ley que limita los descuentos salariales a funcionarios públicos.
- Nueva reglamentación del Banco Central del Paraguay (BCP) para proteger a los clientes financieros.
- Media sanción de proyectos de ley que buscan sanear los juicios ejecutivos y crear juzgados especializados en todo el país.
- Levantamiento de embargos ilegítimos y rescates de pagarés indebidamente ejecutados.
- Además, la Comisión trabaja en nuevas propuestas legislativas para regular las prácticas de cobranza, proteger a jubilados y fortalecer el control de los burós de información crediticia.
Casos emblemáticos
Los casos emblemáticos hallados por la Comisión revelan irregularidades y vulneración de derechos en juicios ejecutivos. Un hombre con discapacidad auditiva y tres docentes indígenas de Caazapá fueron involucrados en procesos judiciales con posibles irregularidades y prácticas abusivas.
Dos casos recientes expuestos por la comisión en informes judiciales, evidencian la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ciertos sectores de la población frente a mecanismos de cobro y litigios ejecutivos en el país. Se trata del caso Isabelino, un hombre con discapacidad severa, y del caso de los docentes indígenas del distrito de Avaí, Caazapá, quienes enfrentan demandas simultáneas por pagarés presuntamente irregulares.
El caso Isabelino: una víctima de vulnerabilidad y endeudamiento múltiple. Según el informe, Isabelino, una persona en situación de extrema vulnerabilidad, padece discapacidad auditiva y analfabetismo, con un 71% de discapacidad certificada por SENADIS.
A pesar de su condición, figura como deudor en seis instituciones financieras y comerciales, acumulando una deuda total de G. 127 millones. Las entidades involucradas son el Banco Nacional de Fomento (BNF), Crediagil, Banco Familiar, Tu Financiera, Solar Banco y HVN Automotores, esta última por un monto de G. 78,9 millones, el valor más alto registrado.
Según el informe, tras gestiones de cobranza se logró el desistimiento de cobro en dos operaciones, mientras que HVN Automotores procedió a la devolución del vehículo y al reintegro parcial del monto abonado.
El siguiente paso en el proceso es la presentación de una denuncia penal, que buscará determinar posibles responsabilidades por la concesión irregular de créditos a una persona con limitaciones de comunicación y comprensión.
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Docentes indígenas de Caazapá: pagarés sospechosos y demandas simultáneas. El segundo caso involucra a tres docentes indígenas —padre, madre e hijo— de la comunidad Ytu Tuparenda, del distrito de Avaí, departamento de Caazapá.
Los tres fueron demandados en juicios ejecutivos idénticos, iniciados por la misma firma, en lo que podría constituir un patrón de litigio abusivo. Las demandas fueron presentadas simultáneamente en el Juzgado de Paz de la Recoleta, apenas tres días después del vencimiento de los pagarés, cuyo monto individual era de 8.400.000 guaraníes.
De acuerdo con la documentación, los pagarés habrían sido firmados en Asunción con vencimiento a seis días, en una operación supuestamente realizada un sábado, a más de 300 kilómetros de distancia de la comunidad indígena.
El informe también señala que los tres docentes niegan haber viajado a Asunción ni haber firmado documentos ante escribana alguna, lo que refuerza las sospechas de falsificación o manipulación de documentos.
En el expediente se menciona que el caso fue tramitado inicialmente ante la jueza Liliana González de Bristot, actualmente procesada penalmente, y continúa bajo la jurisdicción del magistrado Roggerth Chaparro.
Liza Paredes
Fuente de esta noticia: https://www.abc.com.py/politica/2025/10/24/demoledor-informe-de-comision-del-senado-sobre-hallazgos-en-esquema-de-la-mafia-de-los-pagares/
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