La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), en su carácter de organismo nacional técnico y rector de la política portuaria argentina, realizó un relevamiento del Puerto de Ushuaia que dejó en evidencia desvíos administrativos y financieros, y una falta de adecuación normativa que, en palabras del ente, comprometen la eficiencia operativa e incluso los estándares de seguridad exigidos por el sistema portuario nacional.
El informe de 62 páginas es, además, la primera auditoría integral que realiza la ANPyN desde que asumió las funciones de autoridad portuaria nacional y forma parte del nuevo programa federal de control y fiscalización de instalaciones portuarias públicas y privadas.
En el caso de Ushuaia, por otra parte, la inspección nació de una denuncia efectuada por el sindicato Unión Superior del Personal Ferroviario, a la que luego se sumaron otros actores portuarios y marítimos, a raíz de una controvertida legislación provincial que dispuso que el superávit financiero de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) fuera usado para financiar el Fondo Específico para el Pago de la Deuda de la Obra Social del Estado Fueguino.
Es decir, una norma que ordenó redirigir los fondos portuarios al financiamiento previsional de la provincia.
Convenios y desvíos
Vale la pena recordar que desde hace años la ex Administración General de Puertos (AGP) oficiaba de ente asesor, tras la firma de convenios activos, del puerto de Ushuaia para la transferencia de tecnología y conocimiento con el fin de modernizar la terminal austral que es, junto con el Puerto Buenos Aires, el principal puerto de cruceros de la Argentina.
Frente a la denuncia, una comisión investigadora de ANPyN inspeccionó el destino y aplicación de los fondos de la DPP a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), la compatibilidad de dicho ordenamiento provincial con los compromisos de inversión portuaria en marcha y el grado de avance de las obras acordadas con la Nación sobre la base de los convenios suscriptos.
El equipo técnico advirtió falta de documentación sobre facturación, notas de crédito y débito, órdenes de compra e inversiones, lo que impide determinar con precisión el origen y destino de los fondos.
El puerto registró al 30 de septiembre tenencias financieras por $ 9926 millones y compromisos sin devengar por $ 2449 millones, aunque las conciliaciones bancarias muestran diferencias sin identificar por más de $ 1400 millones.
El gasto en personal ascendió a $ 7595 millones, equivalente al 55% del gasto total, mientras que las obras en el puerto representaron solo el 1,3% del presupuesto ejecutado.
Capacidad comprometida
Dos convenios analizados —uno con el Ministerio de Salud y otro de asistencia financiera reintegrable por $ 4000 millones— presentan observaciones relevantes: la utilización de excedentes financieros “fuera de las funciones principales” y la falta de documentación integral sobre activos, pasivos y proyecciones.
Los técnicos advierten que el volumen de esos préstamos “puede comprometer recursos de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) y reducir su capacidad de inversión en infraestructura”
Asimismo, el documento detalla tanto deficiencias en las áreas de infraestructura, gestión de dragado y mantenimiento de muelles, como en materia de seguridad laboral, control de accesos y cumplimiento ambiental.
En términos generales, señala que el puerto opera sin un plan maestro actualizado ni un esquema de mantenimiento programado, y presenta limitaciones físicas que restringen su competitividad.
Infraestructura envejecida y mantenimiento reactivo
La inspección, de carácter netamente técnico, identificó un deterioro que es además visible en los muelles comerciales y pesqueros, así como también fisuras estructurales en defensas y tablestacas, y un sistema de drenaje deficiente que agrava la corrosión por salinidad.
Por ejemplo, en el muelle principal —donde operan cruceros, pesqueros y cargas generales— se constataron sectores con deformaciones en la losa y filtraciones en las juntas de dilatación. Los equipos de amarre, bollas y bitas presentan “niveles variables de obsolescencia” y carecen de un programa de inspección periódica certificado.
Los técnicos de la ANPyN advirtieron que la política de mantenimiento vigente es “reactiva”, orientada a reparaciones de urgencia más que a intervenciones planificadas, lo cual “reduce la disponibilidad operativa y eleva los riesgos en maniobras de atraque”.
A ello se suma la ausencia de un sistema digital de gestión portuaria, lo que dificulta tareas críticas de la actividad marítimo portuaria tales como la trazabilidad de cargas y la planificación de fondeos.
Gestión ambiental y seguridad en revisión
Otro de los puntos críticos señalados en por los auditores se refiere al manejo de residuos portuarios y efluentes. La terminal no dispone de un circuito formalizado de recolección y tratamiento de desechos MARPOL, y los efluentes de los buques se descargan mediante sistemas de conexión obsoletos, sin controles de estanqueidad ni monitoreo sistemático de contaminantes.
En materia de seguridad y prevención, la ANPyN subrayó la falta de planes de emergencia integrados con Prefectura Naval y Defensa Civil provincial. Los sistemas de iluminación y señalización marítima no cumplen los parámetros de redundancia recomendados por la Organización Marítima Internacional (OMI), y el puerto carece de un protocolo actualizado de respuesta ante incidentes con combustibles o sustancias peligrosas.
En el área de protección portuaria (Código PBIP), la auditoría detectó “niveles de cumplimiento parciales”, con documentación desactualizada, capacitación discontinua y falencias en los procedimientos de control de acceso a zona restringida.
Un nodo clave sin planificación estratégica
A su vez, desde el punto de vista logístico, el puerto mantiene una actividad constante —particularmente en temporada de cruceros antárticos y exportaciones de productos pesqueros— pero opera al límite de su capacidad. El área fiscal tiene limitaciones de almacenamiento, y los accesos viales internos presentan incompatibilidad geométrica con la maniobra de camiones de gran porte.
El informe destaca la falta de un plan maestro que articule las obras de ampliación previstas con el desarrollo urbano de Ushuaia. “La expansión del muelle comercial y la futura terminal de cruceros requieren un rediseño integral que contemple la conectividad terrestre, la capacidad de servicios y la mitigación ambiental”, señala el documento.
La simple lectura de esta primera auditoría del organismo técnico nacional, que asumió las funciones y profesionales de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y de la ex Administración General de Puertos, permite entrever que el caso Ushuaia es “representativo de los desafíos del sistema portuario argentino”: infraestructura envejecida, fragmentación institucional y baja integración logística.
Implicancias institucionales y políticas
Desde la perspectiva institucional, la inspección se enmarca en el proceso de federalización del control portuario impulsado por la ANPN tras la disolución de la Subsecretaría de Puertos. El organismo busca restablecer un esquema nacional de auditorías técnicas, con criterios uniformes de habilitación, fiscalización y certificación ambiental, retomando competencias que habían quedado dispersas entre autoridades provinciales y locales.
Este cambio de paradigma apunta a restituir una “autoridad portuaria nacional de control”, capaz de garantizar estándares homogéneos sin interferir en la autonomía provincial. No obstante, el caso Ushuaia reabre el debate sobre el financiamiento y la gobernanza de los puertos públicos bajo administración descentralizada, en especial cuando las inversiones estructurales —como el dragado o la reconstrucción de muelles— superan la capacidad presupuestaria local.
El diagnóstico en contexto
Los resultados del relevamiento servirán de base y antecedente para futuros procedimientos de fiscalización en otros puertos del país, de manera tal que se unifiquen no sólo los criterios de habilitación, sino que se actualicen los registros de los puertos preexistentes a la ley 24.093.
En este marco, Ushuaia aparece como un punto neurálgico no solo por su ubicación estratégica en el corredor antártico, sino también por su rol en la cadena de abastecimiento austral y la logística de pesca y turismo.
Emiliano Galli
Fuente de esta noticia: https://tradenews.com.ar/anpyn-auditoria-puerto-ushuaia-desvios-riesgos-operativos/
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