En una decisión que refuerza la cooperación regional en la lucha contra el crimen organizado, el Senado aprobó el **Acuerdo Marco para la Disposición de Bienes Incautados a la Delincuencia Organizada Transnacional en el Mercosur**. Este tratado internacional, firmado en Montevideo, Uruguay, en 2018, tiene como objetivo principal promover la colaboración entre los países miembros para garantizar una recuperación eficiente y equitativa de los activos ilícitos incautados.
El acuerdo establece lineamientos claros para la distribución de bienes confiscados o el producto de su venta, teniendo en cuenta la participación de cada país en las investigaciones, enjuiciamientos y procesos de recuperación. Su alcance se aplica específicamente a casos en los que dos o más naciones del bloque Mercosur hayan intervenido en la incautación y recuperación de activos provenientes de actividades criminales.
El senador Sérgio Moro, relator del acuerdo en la Comisión de Relaciones Exteriores, destacó la importancia de esta medida al señalar que el tratado no solo regula la asignación y disposición de estos activos, sino que también permite su reutilización en beneficio del Estado y la sociedad. Según Moro, este enfoque contribuye a mitigar las pérdidas económicas causadas por el crimen organizado y transforma los recursos derivados de actividades ilícitas en herramientas para el bien común.
El acuerdo también fomenta la gestión compartida y adecuada de los activos incautados, promoviendo su uso responsable para fortalecer las capacidades institucionales y sociales. Esto incluye la posibilidad de destinar los recursos recuperados a iniciativas que refuercen la seguridad pública, la justicia y el desarrollo social en los países afectados.
La aprobación del acuerdo por parte del Senado representa un paso significativo hacia una mayor integración y cooperación entre los países miembros del Mercosur en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Ahora, el texto está pendiente de promulgación oficial para entrar en vigor.
Este avance subraya el compromiso regional con la justicia y la seguridad, consolidando al Mercosur como un bloque unido frente a los desafíos que plantea el crimen organizado. Con este marco normativo, se espera que los esfuerzos conjuntos resulten en una recuperación más efectiva de los activos ilícitos y en una distribución más justa de los mismos, garantizando que los recursos sean utilizados en beneficio de las sociedades afectadas.
