Exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y su hermano julian Peñalosa
El ministro que no se arrodilló: Antonio Sanguino enfrenta los intereses familiares de Enrique Peñalosa
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respondió con firmeza a las declaraciones del exalcalde Enrique Peñalosa, quien salió en defensa de la empresa Seatech International Inc., operadora de la marca Van Camp’s, después de que una inspección del Ministerio revelara graves violaciones laborales y posibles prácticas de explotación.
Con ironía, Sanguino reaccionó diciendo “¡Finjamos sorpresa!”, en alusión al fervor con que Peñalosa defendió a la compañía. El comentario no fue casual: entre los directivos de Seatech se encuentra Julián Peñalosa, hermano del exalcalde, quien ocupa un cargo de dirección de mercadeo dentro de la empresa. Para muchos observadores, la vehemencia del exmandatario no proviene de una convicción empresarial, sino de un claro conflicto de intereses.
La inspección liderada por el ministro Sanguino en el puerto de Mamonal, en Cartagena, destapó un escenario indignante. Los funcionarios del Ministerio encontraron tripulaciones trabajando sin contrato, sin afiliación a seguridad social, con alimentación en mal estado y sin equipos de protección adecuados. Algunos trabajadores fueron ocultados durante la visita, un hecho que encendió las alarmas sobre posibles prácticas de retención y trata laboral.
Sanguino fue categórico: “En Colombia no puede haber zonas de impunidad laboral ni privilegios familiares que estén por encima de la ley. Este Ministerio no se prestará para tapar abusos.” Con esa frase, el ministro marcó una línea divisoria entre la defensa de los intereses públicos y la protección de los negocios privados ligados a figuras del poder político.
El operativo ordenó el cierre preventivo de tres embarcaciones atuneras -“Sandra C”, “Amanda S” y “Nazca”- mientras se adelantan investigaciones formales. Los hallazgos no solo podrían derivar en sanciones laborales y penales, sino que han abierto un debate sobre la responsabilidad ética de los líderes políticos que utilizan su voz pública para proteger a empresas con vínculos familiares.
Mientras Peñalosa intentó minimizar los hechos, la actuación del ministro Sanguino ha sido respaldada por organizaciones sindicales y colectivos de derechos humanos que ven en su liderazgo una recuperación del papel del Estado frente al poder corporativo. Su mensaje ha trascendido las fronteras del país: el trabajo digno no puede sacrificarse en nombre del capital ni de las relaciones personales.
En una nación marcada por décadas de precarización y silencios institucionales, la voz de Sanguino emerge con fuerza. No solo puso en evidencia las prácticas cuestionables de una de las mayores industrias atuneras del continente, sino también la hipocresía de quienes, desde el discurso público, defienden la legalidad mientras sus vínculos privados la socavan.
El caso Van Camp’s es hoy mucho más que un escándalo laboral: es el reflejo de un modelo de poder que el ministro Sanguino decidió enfrentar, incluso cuando el costo político es alto. Su postura no solo dignifica la función pública, sino que reitera una verdad incómoda para muchos: la ética no se hereda, se demuestra.
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