Alerta en Brasil: descubren un mercado paralelo del crimen organizado a través de la contaminación de la cadena alimentaria
Mientras la lista de víctimas por metanol elaborada por el Ministerio de Salud se alarga día a día, varias operaciones policiales han hallado un auténtico sistema paralelo y totalmente ilegal que abastecía a muchos locales
El caso de la adulteración con metanol de bebidas destiladas en Brasil, que estalló hace unas semanas, ha desatado una tormenta de problemas. En el gigante latinoamericano, la contaminación se está extendiendo, desde las bebidas alcohólicas hasta el agua y los agrotóxicos, poniendo en riesgo la calidad de la cadena alimenticia. Mientras la lista de víctimas por metanol elaborada por el Ministerio de Salud se alarga día a día, varias operaciones policiales han descubierto un auténtico sistema paralelo y totalmente ilegal que abastecía a muchos locales en varios estados del país, pero sobre todo en San Pablo y sus alrededores, los más afectados por la emergencia.
Ayer, el comisario general de la Policía Civil paulista, Artur Dian, declaró que todas las bebidas adulteradas con metanol vendidas en el estado de San Pablo se habrían producido en la periferia, en una fábrica clandestina gestionada por una familia en São Bernardo do Campo. La principal sospechosa es una mujer, Vanessa Maria da Silva, detenida in fraganti la semana pasada. Según la investigación, toda la cadena criminal, desde la producción hasta la distribución en bares y restaurantes, giraba en torno al núcleo familiar de la mujer. El metanol, utilizado en la fabricación de pinturas y disolventes, era suministrado por dos distribuidores de combustible ya identificados por la policía.
Hasta ahora se han registrado seis muertes relacionadas con la ingestión de bebidas adulteradas en el estado de San Pablo, dos de las cuales se ha confirmado que procedían de la fábrica de Vanessa, y otra víctima ha quedado ciega de forma permanente. San Pablo ya ha registrado 90 casos de contaminación por metanol, de los cuales 33 están confirmados y 57 siguen bajo investigación. Por el contrario, se han descartado 339 casos sospechosos. El estado concentra el 60,81% de las denuncias a nivel nacional. En cuanto a las muertes confirmadas, son ocho, mientras que otros 10 casos mortales aún se encuentran bajo investigación. Dian ha precisado que una fase de la operación ha concluido, pero las investigaciones continúan para determinar si las otras cuatro víctimas consumieron productos del mismo origen. La Policía Civil también ha descartado la participación del Primer Comando de la Capital (PCC), la principal organización criminal del país, mientras que la Policía Federal investiga si el metanol utilizado procede de reservas ilegales del sector de los combustibles abandonadas por el PCC.
Sin embargo, siguen sin resolverse muchas dudas, ya que los peritos de la Policía Científica, tras analizar las botellas incautadas en los últimos días, han declarado que el metanol fue introducido intencionadamente en las bebidas y no por error en el proceso de higienización de las botellas, como habían afirmado anteriormente las autoridades. Más de la mitad de ellas presentaban entre un 10% y un 45% de metanol. Una de las hipótesis que se barajan, según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, es que el metanol procedía de camiones y cisternas abandonados por el crimen organizado tras la Operación Tank del pasado mes de agosto contra la participación del PCC en el sector de las gasolineras. Ayer, la Policía Civil de San Pablo identificó dos distribuidores de combustible sospechosos de vender etanol adulterado con metanol destinado a la producción clandestina de bebidas alcohólicas. Las dos plantas, pertenecientes a marcas diferentes, se encuentran en São Bernardo do Campo y Santo André, siendo esta última la principal proveedora. Una de las gasolineras ya había sido mencionada en la Operación Carbono Oculto, que investiga la infiltración del PCC en el sector de los combustibles.
También esta semana, la Policía Federal, junto con la agencia tributaria, el Ministerio de Agricultura (MAPA) y la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), lanzó la Operación Alquimia, con inspecciones simultáneas en cinco estados brasileños: San Pablo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Se han controlado 24 empresas del sector azucarero, de las que se recogerán muestras de productos para verificar su composición química y comprobar su regularidad. Los resultados de estos análisis servirán de base para las investigaciones sobre la contaminación de bebidas alcohólicas con metanol. También en el estado de Río de Janeiro, en Piraí, la operación “Bebida segura” ha incautado esta semana al menos ochenta botellas consideradas irregulares por los organismos de control sanitario, que ahora serán sometidas a pruebas para verificar la posible presencia de metanol.
Mientras tanto, las instituciones intentan tomar medidas de protección. Ayer, el Tribunal Supremo Federal (STF) comenzó a juzgar el caso que debate la posible reactivación del Sistema de Control de la Producción de Bebidas (Sicobe). Este sistema fue creado en 2008 para supervisar en tiempo real la producción de cervezas, refrescos y aguas embotelladas. El objetivo era evitar el fraude fiscal y garantizar la recaudación de impuestos. El sistema fue desactivado en 2016 por la Agencia Tributaria brasileña por motivos técnicos y de coste. Sin embargo, en 2020, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) ordenó restablecer el sistema, al considerar que su abolición era ilegítima. El Gobierno, a través de la Fiscalía General de la Unión (AGU), presentó un recurso ante el STF alegando que la reactivación del Sicobe supondría un coste de 1.800 millones de reales (333 millones de dólares) al año.
El debate se produce en el contexto del escándalo de las bebidas contaminadas con metanol, que ha reavivado el debate público sobre el control de la producción. La Asociación Brasileña de Lucha contra la Falsificación (ABCF) defiende el regreso del Sicobe, ya que, según ella, solo un sistema de trazabilidad integral puede combatir eficazmente el crimen organizado, la falsificación, la evasión fiscal y los riesgos para la salud. El proceso del STF continuará hasta el próximo 24 de octubre, salvo que se solicite un aplazamiento o un análisis en plenaria. También ayer, la agencia tributaria brasileña firmó un acuerdo de cooperación con el Instituto Combustible Legal (ICL). El objetivo es garantizar la custodia segura y transparente de millones de litros de combustible incautados durante operaciones de control. Además, busca evitar que caigan en manos del crimen organizado y se utilicen para adulterar bebidas.
Mientras tanto, los bares de San Pablo, tras haber interrumpido la venta de bebidas alcohólicas, han vuelto a venderlas, aunque registran una baja en la venta de más del 25% respecto al mes anterior, según una encuesta realizada por Zig, una plataforma tecnológica para el mercado del entretenimiento en vivo. Por si fuera poco, además de las bebidas alcohólicas, ahora también preocupa el agua mineral embotellada. En Garça, en el estado de San Pablo, se ha incautado un lote de agua mineral tras la hospitalización de un hombre que presentaba síntomas de intoxicación. Las autoridades municipales están verificando si la contaminación ha afectado solo a una botella. Pedro Scartezini, secretario de Salud de Garça, ha declarado en las redes sociales que un habitante de la ciudad se sintió mal después de beber agua mineral contaminada. “El agua ha sido contaminada con algún producto”, afirmó. El ayuntamiento ha pedido a la población que no consume la marca de agua mineral implicada en la intoxicación hasta que se confirme si la contaminación afecta a un solo envase o a todo el lote.
También se habla de contaminación en una reciente investigación de Gaeco, el Grupo Especial de Acción contra el Crimen Organizado de la fiscalía de Franca, una ciudad siempre en el estado de San Pablo. Según los magistrados, el PCC está ampliando su presencia en el sector agroindustrial brasileño. Tras infiltrarse en algunas fábricas azucareras, principalmente de etanol, ha extendido sus operaciones al mercado ilegal de pesticidas, utilizando las mismas rutas y estructuras logísticas que el narcotráfico. La investigación de Gaeco fue originada a partir de la tercera fase de la Operación Castelo de Areia, que descubrió en los últimos meses una red de usureros vinculada al PCC en la región de Franca. Reveló un sistema criminal articulado en al menos nueve núcleos: producción de envases falsos, falsificación de facturas, logística y venta online de productos. Franca, centro agrícola del noroeste de San Pablo, es considerada en la actualidad el principal centro de falsificación de agrotóxicos del país. En un solo laboratorio clandestino se encontraron materiales para producir 155.000 litros de pesticidas falsos, con un daño potencial de más de 30 millones de reales (5,55 millones de dólares). Los laboratorios clandestinos descubiertos en Franca tienen una estructura semiindustrial, con cintas transportadoras, maquinaria y tanques para el embotellado a gran escala. Los envases y las etiquetas reproducen perfectamente las marcas originales, lo que confiere a los productos una apariencia de legitimidad. Sin embargo, los análisis químicos muestran que, en muchos casos, las fórmulas son mezclas desiguales de agua, disolventes, colorantes y pequeñas cantidades de ingredientes activos, lo que aumenta el riesgo para el medio ambiente y afecta la productividad agrícola.
Según CropLife Brasil, que agrupa a las empresas productoras de agrotóxicos, el mercado ilegal de pesticidas representa el 25% del total vendido en Brasil e incluye contrabando, falsificación, adulteración, importaciones fraudulentas y receptación. En los últimos años, el crimen organizado ha asumido un papel directo en este comercio, utilizando las mismas rutas de la droga y las armas, con una marcada incidencia del contrabando desde Paraguay, Argentina y Uruguay. En 2025, la Policía Federal de Carreteras incautó 72.871 toneladas de agroquímicos en las fronteras, lo que supone un aumento del 348% con respecto a 2024. Estos productos, que a menudo contienen sustancias prohibidas como el herbicida paraquat, generan graves riesgos para la salud y el medioambiente, además de comprometer la competitividad del sector formal. CropLife ha puesto en marcha programas de formación para las fuerzas del orden y los inspectores, así como campañas de sensibilización y un canal anónimo de denuncia para frenar la expansión de este mercado, ahora también dominado por el PCC.
infobae.com
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