
CAACUPÉ. – El nombre de Marco Emmanuel González López, que alguna vez sonó como el de un joven empresario prometedor, hoy encabeza la lista de prófugos de la justicia paraguaya. Detrás de su aparente perfil de emprendedor, emergen vínculos con estructuras del crimen organizado y una red de influencias que vuelve a poner en entredicho la transparencia del sistema judicial.
Todo comenzó el 1 de octubre de 2025, cuando el juez Augusto Acuña dictó el Auto Interlocutorio N.º 949, otorgando a González López el beneficio de la reclusión domiciliaria, pese a estar imputado por robo agravado y reducción, delitos cuya expectativa de pena supera los diez años de prisión. La decisión, adoptada con inusual rapidez y con la adhesión del Ministerio Público, representado por los fiscales José Morínigo y Cristian Ortiz, levantó sospechas entre abogados y observadores judiciales.
Pocos días después, la Cámara de Apelación en lo Penal de Caacupé revocó el fallo de primera instancia, señalando que los riesgos procesales —fuga y obstrucción— seguían plenamente vigentes. Los camaristas consideraron que la gravedad del hecho y la etapa inicial del proceso hacían imprescindible mantener la prisión preventiva.
La advertencia no tardó en confirmarse: González López nunca se presentó a cumplir su reclusión en la penitenciaría de Emboscada y se dio a la fuga. Lo que era una sospecha se convirtió en certeza: el imputado decidió sustraerse de la justicia.
Desde entonces, el expediente se convirtió en un laberinto judicial. La defensa del prófugo, encabezada por la abogada Noelia Núñez, emprendió —según fuentes cercanas al caso— una ofensiva mediática y judicial contra los camaristas que revocaron la medida irregular. Se denunciaron ataques verbales, escritos y una campaña de desprestigio orientada a deslegitimar la actuación del Tribunal y frenar la ejecución de la prisión preventiva.
Paralelamente, el juez Acuña, quien había concedido la medida de arresto domiciliario, habría promovido maniobras procesales que dilataron el cumplimiento de la decisión judicial. Fuentes aseguran que incluso impulsó su propia recusación y admitió una reposición contra una resolución de segunda instancia, un recurso inexistente en la ley, con el efecto de frenar la declaración de rebeldía y el embargo de las cauciones.
Mientras tanto, el paradero del prófugo sigue siendo un misterio. Investigadores presumen que el financiamiento de su defensa y de sus operaciones proviene de fondos de origen ilícito, posiblemente ligados al crimen organizado. En los pasillos del Palacio de Justicia de Caacupé circulan versiones sobre supuestos intentos de influir en decisiones judiciales mediante favores o promesas a magistrados y funcionarios.
Si tales sospechas se confirman, el caso González López dejaría de ser un episodio aislado para convertirse en un símbolo de la infiltración del dinero sucio en la justicia paraguaya. El peligro más grave no es la fuga de un imputado, sino la posibilidad de que la justicia se doblegue ante el poder corruptor del dinero ilícito.
En medio de este escenario sombrío, la actuación de los camaristas Cabriza, Ibarra y Granado —quienes revocaron la medida irregular y mantuvieron su postura pese a las presiones— se erige como un ejemplo de integridad judicial.
La verdadera batalla contra el crimen organizado no siempre se libra con armas, sino con ética y coraje moral. La fuga de Marco González López es mucho más que un caso penal: es el espejo de un sistema judicial que debe decidir si quiere seguir sirviendo a la conveniencia o recuperar su conciencia.
Porque cuando el dinero sucio entra en los tribunales, la justicia deja de ser justicia.
Alto Parana
Fuente de esta noticia: https://infoaltoparana.com.py/dinero-sucio-toga-manchada-la-fuga-del-falso-emprendedor/
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