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Un grupo de congresistas demócratas encendió una nueva polémica en Washington al cuestionar las recientes operaciones militares en el Mar Caribe, en las que fueron destruidas varias embarcaciones sospechosas de transportar drogas. En una carta enviada al presidente Donald Trump, los legisladores exigieron conocer bajo qué autoridad legal se llevaron a cabo los ataques y qué grupos fueron oficialmente designados como organizaciones terroristas por su administración.
La misiva, firmada por los representantes Gregory Meeks, Jamie Raskin, Adam Smith, James Himes y Bennie Thompson, reclama al mandatario que entregue la lista completa de las organizaciones a las que supuestamente pertenecían las lanchas atacadas. Los congresistas argumentan que la Casa Blanca ha actuado sin la debida autorización del Congreso y sin ofrecer una explicación clara sobre la base jurídica que respalda dichas operaciones.
“Usted no ha obtenido la autorización para estos ataques”, advierte el documento. “La falta de transparencia de la Administración y su negativa a compartir información esencial con el Congreso impiden que este cuerpo ejerza su función constitucional de supervisar al Poder Ejecutivo”.
El reclamo surge luego de que la fiscal general, Pam Bondi, evitara responder ante el Comité Judicial del Senado sobre la justificación legal de las acciones en el Caribe. Durante su testimonio, Bondi se limitó a decir que no discutiría ningún tipo de asesoría legal interna, aunque aprovechó la comparecencia para recalcar que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene vínculos con el narcotráfico y recordó que Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.
Los legisladores demócratas sostienen que el Gobierno ha hecho un uso excesivo e injustificado de las facultades presidenciales previstas en el Artículo II de la Constitución, invocando poderes que, si bien son amplios en materia de seguridad nacional, no son absolutos. Según la carta, la ausencia de una justificación transparente abre la puerta a una peligrosa expansión de la autoridad ejecutiva y sienta un precedente preocupante para la política exterior estadounidense.
“El pueblo estadounidense no quiere otra guerra”, concluye la carta. “El Congreso no puede permitir que ningún presidente inicie un conflicto de manera ilegal o unilateral. Así no funciona la Constitución”.
La controversia llega en un momento de tensión entre la Casa Blanca y el Capitolio, mientras crecen las voces dentro del Partido Demócrata que piden limitar las acciones militares no autorizadas y reforzar los controles sobre el uso de la fuerza. Para muchos observadores, este episodio revive el debate sobre los límites del poder presidencial y la necesidad de que toda intervención en el extranjero cuente con una base legal y un respaldo político claros.
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