Pablo Perna, secretario general de la Junta Departamental de Salto, es un testigo directo y defensor de los funcionarios cesados desde 2015.
En esta entrevista comparte la compleja situación que vive el departamento con la reciente decisión de cesar a 291 empleados. Aunque la medida sea dolorosa, Perna recuerda que era una decisión para ordenar las finanzas públicas locales y evitar un colapso económico aún mayor.
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