Colombia ha dado un paso decisivo en la transformación de su política de drogas al consolidar la creación de una red nacional de gobernanza participativa orientada a la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas. La iniciativa se definió en el marco de un taller intersectorial e interinstitucional que reunió a autoridades nacionales, gobiernos territoriales, representantes de la sociedad civil, organizaciones comunitarias, academia y cooperación internacional, con el respaldo del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de política de drogas (COPOLAD III), financiado por la Unión Europea.
El encuentro contó con la participación de 67 representantes de distintos sectores, incluidos los ministerios de Justicia y del Derecho, Salud y Protección Social, e Igualdad y Equidad, así como los gobiernos municipales de Armenia, Pereira y Dosquebradas, y las gobernaciones de Quindío y Risaralda. La diversidad de voces y enfoques permitió avanzar hacia un modelo que responda a los retos sociales, institucionales y territoriales del país, consolidando un marco de acción colaborativo que reconoce la complejidad del fenómeno del consumo de drogas.
Durante la instalación del evento, la ministra encargada Olga Claros Osorio subrayó que la nueva Política Nacional de Drogas, titulada “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico”, representa un giro necesario y valiente al dejar atrás un enfoque meramente punitivo para abordar las realidades sociales del consumo. Destacó que este nuevo enfoque reconoce como actores a las personas usuarias y sus familias, y plantea una política basada en la evidencia, la dignidad y la empatía. En la misma línea, Marcela Tovar Thomas, directora encargada de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, señaló que el plan 2023–2033 marca un punto de inflexión histórico al integrar la reducción de riesgos y daños como un componente estructural de la respuesta estatal.
El taller incluyó exposiciones conceptuales, paneles de experiencias locales, mesas técnicas y ejercicios de diseño participativo. Los debates se centraron en tres ejes principales: sostenibilidad, derechos y gobernanza. En materia de sostenibilidad se enfatizó la necesidad de garantizar recursos estables, mecanismos flexibles para territorios urbanos y rurales, y alianzas comunitarias que aseguren corresponsabilidad institucional. En el ámbito de los derechos se ratificó el compromiso con una atención legítima desde la diversidad cultural, sin imponer la abstinencia como condición, con confidencialidad, participación vinculante y resguardo de las trayectorias de vida. En cuanto a la gobernanza, se planteó un mecanismo nacional de coordinación que asegure trazabilidad institucional, tableros de seguimiento abiertos y una participación comunitaria efectiva en la gestión del modelo.
Uno de los principales acuerdos fue la creación del Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Sustancias Psicoactivas, instancia de alto nivel derivada del Acuerdo de Paz, que se consolidará bajo el nombre de Red de Gobernanza Participativa en Reducción de Riesgos y Daños. Este espacio garantizará la articulación del modelo con los estándares internacionales de salud pública y derechos humanos, asegurando que la cooperación internacional fortalezca las capacidades locales sin sustituir la autonomía territorial.
El taller reafirmó que la sostenibilidad de esta política dependerá de la apropiación comunitaria y de la capacidad de generar legitimidad social y política en todos los niveles. Como quedó reflejado en una de las conclusiones: “lo que se construye con las comunidades permanece”. Con el apoyo de la Unión Europea y la participación activa de múltiples sectores, Colombia se proyecta como un referente regional en la construcción de políticas de drogas basadas en evidencia científica, respeto a los derechos humanos y justicia social.
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