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El presidente Gustavo Petro encendió un debate diplomático y jurídico de alcance internacional tras pronunciarse sobre la operación militar en el Caribe que terminó con la destrucción de una lancha rápida el pasado 19 de septiembre. El hecho, coordinado entre fuerzas de Estados Unidos y República Dominicana, dejó como saldo la incautación de alrededor de una tonelada de cocaína, distribuida en más de 300 paquetes, pero también abrió interrogantes sobre el destino de quienes iban a bordo y sobre la legitimidad del uso de ataques letales en alta mar.
“Si la lancha fue hundida en República Dominicana, entonces es posible que fueran colombianos”, escribió Petro en su cuenta de X, advirtiendo que, de confirmarse esta hipótesis, se estaría frente a un caso de homicidio de connacionales a manos de agentes extranjeros. El mandatario añadió que espera que avancen las investigaciones y que las familias de jóvenes desaparecidos en esas fechas puedan presentar denuncias formales.
El jefe de Estado fue tajante al rechazar la legalidad de este tipo de operativos. “No hay norma en ningún derecho que permita disparar misiles contra lanchas con jóvenes desarmados en el mar, cualquiera que sea su actividad”, subrayó. Su declaración apunta directamente a la doctrina de “ataques cinéticos” impulsada por Washington bajo el argumento de combatir el narcotráfico, práctica que Colombia considera incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.
La embarcación fue interceptada a unas 80 millas náuticas de Isla Beata, en un operativo conjunto de la Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana, el Comando Sur estadounidense y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur. Según las autoridades, el objetivo era neutralizar a presuntos narcoterroristas que trasladaban un cargamento ilícito desde la región. Funcionarios dominicanos confirmaron que el ataque incluyó un bombardeo aéreo ordenado por Estados Unidos, lo que terminó por destruir parte de la carga.
El expresidente Donald Trump, por su parte, reivindicó la acción a través de un video compartido en su red social Truth Social, asegurando que fue una decisión directa de su despacho: “Por orden mía, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista dedicada al narcotráfico”. Sus palabras reforzaron la percepción de que la operación se inscribe en una estrategia regional de fuerza militar, sin considerar las consecuencias humanitarias.
La declaración de Petro ha tensado el panorama diplomático, pues si se confirma la presencia de ciudadanos colombianos en la embarcación hundida, el caso podría escalar a instancias internacionales. Organizaciones defensoras de derechos humanos ya han advertido que los ataques a embarcaciones en alta mar, sin mediación judicial ni protocolos de rescate, constituyen una violación directa al derecho internacional y podrían configurarse como ejecuciones extrajudiciales.
El contexto regional añade presión al incidente: desde agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue naval en el Caribe bajo el pretexto de frenar cargamentos de droga procedentes de Venezuela, operaciones que ya han resultado en la destrucción de al menos tres lanchas. Colombia ha insistido en que estas acciones no solo ponen en riesgo vidas humanas, sino que también minan los principios básicos del derecho marítimo y de la soberanía nacional.
El pronunciamiento presidencial, cargado de implicaciones legales y políticas, podría marcar un nuevo capítulo en las relaciones entre Bogotá y Washington. Mientras tanto, las familias de posibles víctimas esperan claridad sobre lo ocurrido en esas aguas, donde la lucha contra el narcotráfico se entrelaza con la disputa sobre los límites del uso de la fuerza y la protección de los derechos fundamentales.
carlos castaneda@prensamercosur.org
