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Washington sacudió el tablero geopolítico con una decisión que no se veía desde 1996: Colombia ha perdido la certificación como aliado clave en la lucha contra las drogas. Más allá del golpe económico, la medida se interpreta como un duro revés político dirigido directamente contra el presidente Gustavo Petro.
La noticia se conoció hacia las ocho de la noche, cuando el propio mandatario confirmó en cadena nacional lo que ya circulaba en los pasillos diplomáticos: Estados Unidos retiraba a Colombia de la lista de países certificados en la lucha antidrogas, una clasificación vigente desde 1986 bajo la administración de Ronald Reagan.
La pérdida de la certificación no solo congela cerca de 380 millones de dólares en asistencia anual, sino que expone la fragilidad de la relación bilateral en un tema históricamente sensible. “A pesar de tanto uniformado asesinado”, lamentó Petro en tono desafiante, agregando:
“Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos. Ya descertificaron, ya esa es la decisión.”
El mensaje fue contundente: Colombia deberá buscar alternativas para sostener a sus fuerzas armadas sin el soporte de Washington.
La decisión, respaldada por la Casa Blanca, alinea a Colombia en el mismo nivel de países como Venezuela, Afganistán y Birmania, considerados los eslabones más débiles en la lucha antidrogas. Para Estados Unidos, el aumento en las hectáreas de coca sembradas y la negativa del gobierno Petro a reactivar la fumigación con glifosato son factores determinantes.
Aunque algunos congresistas demócratas habían advertido que una descertificación restaría incentivos a Colombia para continuar colaborando, la administración republicana de Donald Trump fue tajante: las mesas de negociación con grupos armados ilegales, lejos de pacificar, habrían permitido la expansión de actores criminales.
En los hechos, la sanción no alcanza la severidad de la que enfrentó Ernesto Samper en los noventa, cuando Colombia fue objeto de un bloqueo casi total. Sin embargo, en términos políticos, el golpe es devastador: Washington lanza un mensaje directo contra Petro y su estrategia de “paz total”, debilitando su margen de maniobra en los nueve meses que le restan de mandato.
La oposición colombiana ya encontró un nuevo flanco de ataque: cuestionar al presidente por “descuidar” las relaciones con Estados Unidos y poner en riesgo la seguridad nacional.
Más allá de la retórica, la descertificación revela tres puntos clave:
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Estados Unidos no rompe con Colombia, pero la coloca en “matrícula condicional”.
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La ayuda persiste solo bajo el criterio de “interés vital” en seguridad regional.
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Se exige al gobierno mostrar resultados inmediatos en erradicación y lucha frontal contra el narcotráfico.
La descertificación de Trump no es únicamente un golpe a la política antidrogas colombiana: es un misil político dirigido al corazón del proyecto de Petro, que ahora deberá enfrentar no solo a sus opositores internos, sino también a una Casa Blanca dispuesta a marcarle el terreno.
carloscastaneda@prensamercosur.org
