Imagen Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra
La Contraloría General de la República Carlos Hernán Rodríguez Becerra, lanzó una advertencia que sacude el corazón del proceso de paz en Colombia: en nueve años se han invertido $107,47 billones en la implementación del Acuerdo Final, pero los resultados no reflejan cambios reales para la construcción de una paz estable y duradera.
En su noveno informe de seguimiento, el organismo de control reveló que el 42% de los proyectos clasificados como “paz” carecen de productos concretos asociados al Acuerdo, y solo el 17% permite cuantificar logros verificables. La conclusión es contundente: se ejecutan miles de millones, pero la transformación prometida en los territorios sigue sin llegar.
“La construcción de paz no puede seguir dependiendo de recursos ejecutados sin transformaciones estructurales”, advirtió la Contraloría en un mensaje que apunta directamente a la falta de articulación entre las instituciones.
El informe detalla que, entre 2017 y el primer trimestre de 2025, se ha ejecutado el 53% del presupuesto estimado para 15 años, equivalente a $201,5 billones. Solo en 2024, la inversión alcanzó $19,2 billones, un incremento del 16,2% respecto al año anterior. Sin embargo, el crecimiento en la cifra contrasta con la precariedad de los resultados: proyectos que se pierden en trámites, recursos que se dispersan y comunidades que aún esperan cambios tangibles.
Uno de los hallazgos más graves se encuentra en la Reforma Rural Integral, piedra angular del Acuerdo. Tras casi una década, apenas se han formalizado 27.000 hectáreas de tierras, una cifra que, al ritmo actual, tomaría cerca de 400 años para cumplir la meta de tres millones.
La Contraloría también evidenció un uso ineficiente de recursos públicos: 113 hallazgos fiscales en el último año, 31 de ellos con impacto económico directo por $4.794 millones. En el sector de Minas y Energía, el 12% de los proyectos de sistemas solares fotovoltaicos presentan problemas de sostenibilidad y funcionalidad. Millonarias inversiones que, en muchos casos, terminan convertidas en obras inservibles.
El Sistema Integrado de Información para el Posconflicto tampoco escapa al escrutinio. El informe señala demoras en la actualización de datos, lo que impide un seguimiento preciso de los avances, en especial del capítulo étnico, que sigue sin registros claros.
En contraste, algunos programas muestran dinamismo. El mecanismo de Obras por Impuestos alcanzó $3,9 billones ejecutados en el periodo analizado, con un crecimiento del 40,7% en 2024. El Fondo Colombia en Paz adjudicó recursos a proyectos de infraestructura vial, educativa y de salud, con un énfasis en zonas PDET. No obstante, estos esfuerzos puntuales resultan insuficientes frente a los rezagos estructurales.
El Plan Nacional de Formalización agraria adjudicó un récord de 7.432 hectáreas en 2024, pero el rezago es tan profundo que aún parece una meta inalcanzable. Mientras tanto, el Plan Nacional de Electrificación Rural arrastra un déficit de más de $10 billones, comprometiendo la universalización del servicio.
El diagnóstico es ineludible: los 16 Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral avanzan de manera desigual, con baja cobertura territorial y falta de complementariedad entre instituciones. Programas de educación y salud rural han tenido ejecuciones parciales, pero todavía están lejos de materializar el cambio estructural que exige la Colombia profunda.
“Es urgente fortalecer la articulación interinstitucional para maximizar el impacto de cada peso invertido”, insiste la Contraloría, subrayando que el verdadero reto no es cuánto se gasta, sino cómo se gasta.
A nueve años de la firma del Acuerdo Final, el país enfrenta un espejo incómodo: los recursos fluyen, las cifras crecen, pero la promesa de paz con justicia social sigue siendo, para millones de colombianos, un anhelo distante.
carloscastaneda@prensamercosur.org
