Superintendente de Salud, Giovanny Rubiano Garcia
La controversia en torno a los hallazgos de la Contraloría General de la Nación sobre la Nueva EPS encendió un nuevo capítulo este lunes, luego de que el Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, ordenara a la entidad poner en marcha un plan intensivo para depurar sus cuentas y aclarar el destino de los recursos ya entregados a los prestadores.
La decisión obliga a la EPS a reunirse de manera inmediata con clínicas, hospitales y demás instituciones para legalizar mediante actas la imputación de pagos que, hasta ahora, figuran en los registros como supuestos “anticipos”. “Se trata de recursos que corresponden a servicios efectivamente prestados y no de pagos adelantados”, recalcó Rubiano, en respuesta directa a las conclusiones del órgano de control.
El funcionario explicó que la Supersalud ya había identificado las inconsistencias reportadas por la Contraloría y que, desde agosto, cuando se impuso la medida cautelar a la Nueva EPS, se avanza en un plan de trabajo para evitar la confusión contable. “La EPS ha hecho un esfuerzo enorme para pagar a los prestadores en todo el país. Lo que no hizo fue aclarar, en el momento del giro, a qué facturas debía aplicarse cada pago. Eso generó la falsa idea de que se trataba de anticipos”, puntualizó.
La normativa vigente establece que el pagador debe señalar la factura a la cual se aplica un pago. Si no lo hace, la responsabilidad pasa al prestador, y en caso de que ninguno lo defina, el dinero debe imputarse a la factura más antigua aceptada. Para el Superintendente, el informe de la Contraloría desconoce esta regla básica y distorsiona la realidad al catalogar como anticipos lo que en esencia son pagos pendientes de imputación contable.
Rubiano anunció que la nueva gerente interventora, Gloria Polanía, tiene la orden de culminar en las próximas semanas una ronda nacional con prestadores para definir la aplicación exacta de los recursos ya girados. “Con la firma de estas actas desaparecerá la figura del falso anticipo”, afirmó con contundencia.
En relación con los contratos especiales de tipo “bolsa” que existen con algunas IPS de baja complejidad, Rubiano admitió que en esos casos sí puede hablarse de anticipos, pero en proporciones mínimas. Allí, los prestadores están obligados a legalizar los servicios prestados o devolver los excedentes.
El Superintendente también cuestionó que la Contraloría pasara por alto una falencia crítica, las debilidades históricas de la Nueva EPS en sus sistemas de información. “Esa deficiencia ha dificultado un seguimiento transversal de los procesos y generado retrasos en el procesamiento de cuentas médicas y su posterior contabilización”, señaló.
Dentro de la intervención, la Supersalud exigió la implementación de plataformas tecnológicas robustas que aseguren el registro transparente y ágil de facturas. Hoy, la entidad opera con herramientas como Factramed, diseñadas precisamente para garantizar que la realidad financiera quede reflejada con precisión y sin retrasos.
Rubiano concluyó recordando que la intervención de la EPS no es una medida arbitraria, sino un mecanismo de protección de los recursos públicos. “Nuestra obligación es asegurar que cada peso se use con eficiencia y transparencia. Por eso hemos solicitado fortalecer las auditorías médicas, garantizar interacción permanente con los prestadores y aprovechar los avances tecnológicos que ya existen en el sector”.
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