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En Colombia se está escribiendo un capítulo histórico. Por primera vez, el Plan Decenal de Educación, la hoja de ruta que define la política educativa del país durante los próximos diez años, se construye con una mirada radicalmente inclusiva, incorporando a jóvenes, adultos mayores y personas privadas de la libertad que históricamente habían sido marginados del sistema.
El encuentro, que reunió en Bogotá a representantes de 30 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), organizaciones sociales, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, población LGBTIQ+ y actores institucionales como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), dejó en claro que el Gobierno del Cambio busca derribar las barreras que impiden el acceso pleno al derecho a la educación.
“No se educa a un adulto de la misma manera en la que se forma a un niño o a una niña. Necesitamos docentes preparados para esta tarea, y por eso proponemos una red nacional de maestros especializados en jóvenes y adultos”, afirmó Andrea Cely, subdirectora de Permanencia del Ministerio de Educación.
El reto es mayúsculo. Las voces convocadas coincidieron en los desafíos críticos que enfrenta el país: una financiación insuficiente para la educación de jóvenes y adultos, la falta de programas especializados de formación docente, la desarticulación entre el sistema escolar, el SENA y la Educación Superior, así como la limitada cobertura que impide atender a miles de personas privadas de la libertad que reclaman oportunidades educativas.
Por primera vez en la historia nacional, el plan incorpora de manera explícita a la población penitenciaria. Según cifras del INPEC, cerca de 74.000 internos no han concluido sus estudios de bachillerato.
“Nunca antes se había revisado la inclusión de esta población. El acceso a la educación los dignifica y reconoce que siguen siendo ciudadanos capaces de aportar a la sociedad”, señaló Natalie Rincón Tovar, subdirectora de Educación del INPEC.
La magnitud de esta apuesta también fue destacada por organizaciones de la sociedad civil.
“La educación de personas jóvenes y adultas ha sido invisibilizada en las políticas públicas. Este plan devuelve a las personas su derecho y abre la puerta a un país más justo”, aseguró Blanca Cecilia Gómez López, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación.
La construcción participativa del Plan Decenal no solo busca resolver las brechas históricas del sistema, sino también reconocer la diversidad cultural y social del país, garantizando que ningún colombiano quede fuera de la educación.
Más que una política pública, se trata de un acto de justicia. Colombia, en un giro sin precedentes, reconoce que el derecho a aprender no caduca con la edad ni con la condición de libertad.
carloscastaneda@prensamercosur.org
