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El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, encendió una nueva polémica al anunciar que denunciará a los alcaldes que viajaron a Washington, acusándolos de usurpar funciones exclusivas del Presidente de la República y de adelantar una agenda política que, según él, nada tiene que ver con los intereses del país en materia de lucha contra las drogas. El pronunciamiento generó un inmediato terremoto político que amenaza con escalar en los próximos días y con abrir un frente de confrontación directa entre el Ejecutivo y los mandatarios de algunas de las principales ciudades del país.
La controversia tiene como protagonistas a los alcaldes de Medellín y Cali, Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, quienes viajaron a Estados Unidos con el argumento de sostener reuniones clave para impedir que la administración de Donald Trump deje de certificar a Colombia en su política antidrogas. El itinerario incluyó encuentros con congresistas influyentes como Rubén Gallego, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Gregory Meeks y Bernie Moreno, todos figuras con peso en la política exterior estadounidense. Sin embargo, Benedetti sostiene que estos encuentros no tienen ninguna incidencia en la certificación y que, por tanto, se trata de una maniobra con claros tintes políticos.
En un mensaje directo y desafiante, el ministro del Interior aseguró: “Denunciaré a los alcaldes que están en Washington por usurpación de funciones. ¿También podría hacerlo por abandono del cargo? Ellos están suplantando funciones que son exclusivas del Gobierno nacional, en especial las relacionadas con seguridad nacional y orden público”. Su declaración llega pocos días después de que el propio presidente Gustavo Petro hubiera advertido públicamente al alcalde de Medellín que no podía actuar como representante del país en escenarios internacionales y que, de insistir, podría ser llevado a instancias judiciales.
El viaje había sido inicialmente planificado por un grupo más amplio de alcaldes de capitales. A la lista se sumaban Carlos Fernando Galán, de Bogotá; Alejandro Char, de Barranquilla; y Dumek Turbay, de Cartagena. No obstante, por motivos de agenda, estos tres cancelaron su participación y solo Gutiérrez y Éder concretaron el desplazamiento a Washington. El hecho de que los mandatarios de Medellín y Cali representen a dos de las principales ciudades de Colombia amplificó el impacto del viaje y colocó al Gobierno en estado de alerta frente a lo que interpreta como un desafío directo a la autoridad presidencial.
Benedetti ha insistido en que los alcaldes no están sosteniendo conversaciones con los organismos o funcionarios que tienen competencia real sobre la certificación antidrogas y que, en cambio, buscan construir visibilidad política personal en un escenario internacional. “No se están reuniendo con nadie que tenga que ver con la certificación en el tema de drogas. Es una agenda política, están suplantando las funciones que tiene el Presidente de la República”, escribió en sus redes sociales. Para el ministro, la maniobra es clara: los mandatarios están intentando proyectarse como interlocutores de Estados Unidos sin tener atribuciones constitucionales para hacerlo, lo que constituye una grave extralimitación de sus funciones.
El contexto en el que se desarrolla este pulso no es menor. La relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa un momento de especial sensibilidad. La política antidrogas ha vuelto a tensar la agenda bilateral, y el presidente Petro ha tenido que enfrentar crecientes cuestionamientos internos e internacionales sobre la eficacia de su estrategia, así como sobre su disposición a reactivar medidas drásticas como la fumigación aérea en zonas donde la ciudadanía ataque al Ejército. En este escenario, cualquier movimiento no autorizado de líderes locales en Washington se interpreta como un riesgo para la coherencia de la política exterior colombiana.
La decisión de Benedetti de avanzar en denuncias judiciales contra los alcaldes abre un nuevo capítulo en la pugna entre el Gobierno central y las autoridades locales. Los cargos de usurpación de funciones y abandono del cargo, de prosperar en instancias judiciales, podrían tener consecuencias disciplinarias y hasta penales para los mandatarios. No obstante, para algunos analistas, más allá del ámbito legal, lo que se libra es una batalla política en la que los alcaldes buscan posicionarse como contrapeso a Petro en el escenario nacional y, al mismo tiempo, mostrarse como figuras con proyección internacional.
El choque es también un reflejo de la tensión estructural que existe en Colombia entre el poder central y los gobiernos regionales. La Constitución establece con claridad que la representación internacional es competencia exclusiva del Presidente, pero en la práctica, alcaldes y gobernadores han intentado históricamente tejer relaciones directas con actores internacionales, especialmente cuando perciben que el Gobierno central no responde de manera suficiente a sus intereses locales. En este caso, la apuesta de Gutiérrez y Éder por abrir canales directos en Washington se convierte en un acto de abierta confrontación con la Casa de Nariño.
Lo cierto es que la decisión de Benedetti no solo amenaza con desencadenar procesos judiciales contra los alcaldes, sino que también coloca a la política colombiana en el foco de atención internacional. La pregunta que ahora se hacen muchos es hasta dónde escalará este enfrentamiento y qué efectos tendrá sobre la ya compleja relación de Colombia con Estados Unidos. La confrontación apenas comienza, pero todo indica que se convertirá en uno de los episodios más candentes del año político en el país.
carloscastaneda@prensamercosur.org
