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El Ministerio de Justicia de Colombia, bajo la dirección del ministro Eduardo Montealegre, dio un paso al frente en defensa de la transparencia institucional al exigir a los órganos de control la apertura inmediata de investigaciones sobre presuntos actos de corrupción que habrían contaminado el concurso de méritos para acceder a la carrera notarial. La decisión se produjo tras las advertencias hechas por el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales, donde denunció prácticas irregulares que, de confirmarse, comprometerían la integridad de un proceso clave para la administración pública.
Montealegre, acompañado por el superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez, dirigió oficios formales a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y al procurador general, Gregorio Eljach, expresando su “profunda preocupación” y un “rechazo absoluto” a cualquier conducta que pueda socavar los principios de moralidad, transparencia y mérito que rigen el acceso a la función pública. En su comunicación, los funcionarios recordaron que la función notarial no es un simple servicio administrativo, sino una institución depositaria de la fe pública y un pilar esencial de la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Las denuncias presidenciales aluden a la presunta venta de cupos notariales, incluso con la posible implicación de funcionarios adscritos a las propias entidades encargadas de vigilar el proceso. Para el Ministerio de Justicia, se trata de un hecho de “máxima gravedad” que obliga a una reacción inmediata y coordinada del Estado, tanto en el terreno disciplinario como en el penal.
En ese sentido, Montealegre y Rodríguez solicitaron al procurador general abrir investigaciones disciplinarias y ejercer poder preferente sobre los expedientes que se desprendan de estas denuncias. Al mismo tiempo, enfatizaron que la naturaleza de los hechos exige la intervención prioritaria de la Fiscalía General de la Nación, dado que las conductas descritas podrían configurar delitos contra la administración pública.
El Ministerio recordó además que la Constitución y la ley imponen a todas las autoridades el deber de denunciar los posibles delitos de los que tengan conocimiento. Bajo esa premisa, instaron a la Fiscalía a desplegar con celeridad todas las actuaciones necesarias para establecer la veracidad de los hechos, identificar responsables y llevar a los estrados judiciales tanto a funcionarios públicos como a particulares que puedan haber participado en este entramado.
La cartera de Justicia y la Superintendencia de Notariado reiteraron su disposición plena para colaborar con los órganos de control, poniendo a disposición toda la capacidad institucional de sus entidades a fin de facilitar un esclarecimiento rápido, transparente y eficaz. “La confianza de los ciudadanos en las instituciones depende de que actuemos con firmeza y sin titubeos frente a cualquier acto de corrupción”, advirtieron en su comunicación.
Este episodio no solo abre un debate nacional sobre la limpieza del concurso notarial, sino que proyecta a la esfera internacional un cuestionamiento de fondo: ¿cómo proteger la fe pública y el principio de mérito en sociedades donde la corrupción busca infiltrarse en los procesos más sensibles del Estado? El pronunciamiento del presidente Petro, sumado a la reacción inmediata del Ministerio de Justicia, marca un punto de inflexión que podría redefinir el rumbo de la carrera notarial en Colombia, un sector que históricamente ha estado bajo el escrutinio de la opinión pública por su poder e influencia.
En el centro de la controversia queda el Ministerio de Justicia, que hoy aparece como el garante institucional dispuesto a asumir la defensa de la legalidad y la transparencia. La respuesta de los órganos de control será decisiva para demostrar hasta dónde llega la voluntad del Estado colombiano de cerrar la puerta a la corrupción y preservar la fe pública como uno de los bienes más preciados de la democracia.
carloscastaneda@prensamercosur.org
