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La figura del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, atraviesa su momento más crítico. Lo que comenzó como una serie de denuncias ciudadanas en Rionegro ha escalado a una investigación judicial de alcance nacional, tras la revelación de interceptaciones telefónicas, documentos reservados y contratos cuestionados que comprometen la trayectoria política del mandatario.
El programa Señal Investigativa destapó un expediente que ya venía gestándose en la Fiscalía: obras inconclusas, recursos públicos perdidos y conversaciones grabadas que contradicen el discurso oficial. Entre las pruebas más sensibles aparecen los dos Centros de Atención Inmediata (CAI) construidos durante su gestión como alcalde de Rionegro, que costaron alrededor de 2 mil millones de pesos, fueron inaugurados con despliegue político, pero nunca entraron en funcionamiento porque la Policía se negó a recibirlos. Hoy, tras más de cinco años, las estructuras siguen vacías, convertidas en un símbolo del derroche y de lo que algunos califican como favoritismo a contratistas cercanos.
Las interceptaciones telefónicas, practicadas legalmente entre mayo y julio de 2023, muestran a Rendón reconociendo en privado lo que negaba en público: que los CAI jamás operaron. En esas mismas llamadas aparecen nombres de exfuncionarios de su círculo en Rionegro que hoy ocupan cargos clave en la Gobernación, y conversaciones sobre contratos en el actual gobierno departamental que incluirían una supuesta coima de 5 mil millones de pesos dentro de un negocio de 50 mil millones.
El caso no solo salpica al gobernador. Entre los funcionarios cuestionados destaca Luis Eduardo Martínez, actual secretario de Seguridad de Antioquia, un general retirado que fue separado de la Policía en 2015 por orden del entonces presidente Juan Manuel Santos, tras sospechas de vínculos con estructuras criminales. Hoy enfrenta además un proceso disciplinario por participación en política y por su presunta relación con la adquisición de un software de espionaje.
Las revelaciones han sido respaldadas por la Veeduría Ciudadana Identidad y Defensa de lo Público de Rionegro, que desde hace años advierte sobre los sobrecostos y las irregularidades en estas obras. Su líder, Carlos Osorno, denunció que, pese a las pruebas, existe un intento oficial de maquillar la realidad, llegando incluso a hostigar a periodistas que han documentado el abandono de los CAI.
🚨ATENCIÓN: Arranca #SeñalInvestigativa🕵️♂️, una alianza entre la @revistaRAYA y #LaSeñalDeLaPaz. 🔎 Gobernador de Antioquia contra las cuerdas.
🕵🏻♂️ Señal Investigativa revela los nombres de las personas a quienes la Fiscalía interceptó llamadas al lado del Gobernador Andrés Julián… pic.twitter.com/l1r3LVc2Z9
— Señal Colombia (@SenalColombia) September 1, 2025
La investigación comenzó en la Fiscalía 28 de Medellín en 2022 y estuvo a punto de derivar en imputación de cargos y una orden de captura en 2023, durante la administración del entonces fiscal Francisco Barbosa. Sin embargo, tras la elección de Rendón como gobernador, el caso fue trasladado a un fiscal delegado ante la Corte Suprema, en lo que algunos interpretan como un giro político en la investigación.
En marzo de 2024, Rendón fue llamado a interrogatorio, pero aún no hay decisión de fondo. Lo que sí queda claro es que las pruebas expuestas ponen bajo sospecha no solo a un político en ascenso, sino a todo un modelo de poder que podría extenderse desde su alcaldía en Rionegro hasta la administración departamental actual.
#SeñalInvestigativa🕵️♂️| El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, empezó a cobrar un nuevo impuesto con la Sobretasa de seguridad, otro cobro que golpea el bolsillo de los antioqueños para implementar una política que, por ahora, no ha dado resultados.
💸 Tampoco hay… pic.twitter.com/7x7HiOFyMI
— Señal Colombia (@SenalColombia) September 1, 2025
Mientras el gobernador insiste en que es víctima de persecución política, la opinión pública observa cómo el proceso avanza entre la presión ciudadana y las sombras de posibles filtraciones desde dentro de la Fiscalía. Lo que está en juego no es solo el futuro judicial de Andrés Julián Rendón, sino la credibilidad institucional de Antioquia frente a una investigación que podría sacudir los cimientos de la política regional y tener repercusiones a nivel nacional.
carloscastaneda@prensamercosur.org
