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En una decisión sin precedentes que refuerza su postura en defensa del derecho internacional y de los derechos humanos, Colombia anunció la prohibición total y sin excepciones de exportaciones de carbón a Israel. La medida, formalizada mediante el Decreto 0949 del 28 de agosto de 2025 y firmada por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, junto con la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y los ministros Germán Ávila Plazas y Edwin Palma Egea, responde al agravamiento del conflicto en Gaza y a lo que el Gobierno colombiano califica como actos de genocidio contra el pueblo palestino.
El documento oficial detalla que desde el 18 de marzo de este año la ofensiva militar israelí ha escalado dramáticamente, provocando el desplazamiento de más de 680.000 personas, la muerte de al menos 5.334 palestinos y heridas a cerca de 18.000 en apenas tres meses. En un balance más amplio, que abarca desde octubre de 2023 hasta junio de 2025, las cifras son aún más estremecedoras: más de 55.000 palestinos han perdido la vida y cerca de 130.000 han resultado heridos, muchos de ellos al intentar acceder a suministros de ayuda humanitaria.
El presidente Gustavo Petro y su gobierno han sostenido que Colombia no puede ser cómplice indirecta de esa tragedia histórica. “Esta decisión responde a un análisis exhaustivo y a la necesidad de evitar que el carbón colombiano contribuya a las actividades militares de Israel que vulneran principios y derechos fundamentales en la Franja de Gaza”, explicó la ministra Morales Rojas, al subrayar que la restricción busca evitar que los recursos nacionales alimenten la máquina de guerra israelí.
El decreto establece que la prohibición se mantendrá vigente mientras persistan las condiciones que motivaron la medida o hasta que se cumplan plenamente las órdenes emitidas por la Corte Internacional de Justicia, que ya ha advertido sobre el riesgo de genocidio en Gaza. Con esta resolución, el Gobierno colombiano apela no solo a su deber como Estado miembro de la ONU, sino también a la coherencia que le exige haber sido elegido recientemente al Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2025-2027.
La medida se apoya además en fundamentos jurídicos de alcance global. Colombia recuerda que como signatario de la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio tiene la obligación de actuar frente a crímenes de lesa humanidad, y que los marcos de la Organización Mundial del Comercio y el Acuerdo Comercial con Israel permiten excepciones en casos de guerra o graves tensiones internacionales. Bajo esa interpretación, el genocidio en Palestina no solo constituye una violación flagrante al derecho internacional humanitario, sino también un atentado contra la moral pública mundial.
La decisión, que fue sometida a consulta pública antes de su expedición, busca consolidar a Colombia como un actor internacional que no permanece indiferente ante la tragedia del pueblo palestino. Es, al mismo tiempo, una declaración política y ética: el país rechaza que sus recursos naturales se conviertan en combustible de un conflicto que desangra Oriente Medio y erosiona los cimientos del orden internacional.
Con esta medida, Colombia envía un mensaje inequívoco al mundo: su papel en el comercio global no puede desligarse de los principios universales de justicia, paz y dignidad humana.
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