La activista alertó que el cerco militar y las sanciones coordinadas por Estados Unidos y otros países podrían debilitar la estructura de poder en Caracas. Detalló, además, la compleja y extensa red de corrupción que tejió el chavismo
La dictadura venezolana atraviesa días de máxima tensión en medio del despliegue de buques militares norteamericanos en el mar Caribe para combatir el narcotráfico y tras el reciente aumento anunciado por Washington de la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, acusado de liderar el Cártel de los Soles. Esto se suma a la profunda crisis humanitaria que viene sufriendo el país desde hace años en el marco de un brutal clima de persecución y represión por parte del régimen bolivariano.
Durante su visita a Buenos Aires, Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, conversó con Infobae sobre el impacto de las recientes acciones coordinadas por Estados Unidos y otros países para hacer frente al narcotráfico, al tiempo que advirtió sobre la enorme magnitud global de la corrupción venezolana desde la época de Hugo Chávez hasta la actualidad.
“Si fuera Maduro estaría muy asustada”, afirmó la activista venezolana, quien consideró que el cerco naval de Estados Unidos también podría afectar a la red de buques fantasma que opera en las costas venezolanas para esquivar las sanciones petroleras, lo que representaría un duro golpe a las arcas del régimen. Esto, sumado a las graves denuncias por crímenes de lesa humanidad que pesan sobre las altas esferas de la dictadura en varias instancias judiciales internacionales, podrían llevar a un resquebrajamiento interno.
“Si no hay dinero, el Gobierno va a estar mucho más presionado por los suyos”, advirtió De Freitas.
Por su parte, reveló que el nivel de corrupción desde la llegada del chavismo al poder ha sido tal, “que se ha extendido por el planeta”. En ese sentido, comentó que Transparencia identificó 178 casos abiertos en los sistemas de justicia de 30 países, aunque aclaró que la extensa red llega a 73 naciones, con un desfalco estimado en más de 7.000 millones de dólares. Esto, aclaró De Freitas, corresponde solamente a lo que pudo corroborar la ONG que dirige, por lo que se estima que los números reales serían considerablemente superiores.
-Me gustaría empezar hablando sobre el motivo de su visita a la Argentina.
-La gran corrupción venezolana se ha extendido por el planeta. Nosotros tenemos identificada la presencia de esta gran red de gran corrupción en setenta y tres países. Pero tenemos identificados ciento setenta y ocho casos que están abiertos en los sistemas de justicia de treinta países. Aquí en Argentina pudimos identificar dieciocho casos. Algunos ya se sobreseyeron por falta de información de Venezuela: las rogatorias, los exhortos que hacían los fiscales argentinos a la justicia venezolana nunca fueron respondidos y eso hizo que muchos casos se cerraran. Nosotros lo que venimos es a trabajar con los fiscales, con los jueces, con los investigadores para que cuenten con información adicional, que no es la oficial de un sistema de justicia, pero que de alguna manera tratamos de evitar que la impunidad que vivimos en Venezuela se extienda.
-¿A qué período corresponden principalmente estos casos que identificaron?
-La mayoría tienen que ver con el fideicomiso que se abrió durante el periodo del presidente Chávez y el presidente Néstor Kirchner. Ese fideicomiso dio para que se hicieran, según todas las investigaciones y los casos que se están procesando, para que hicieran grandes negocios de lado y lado, con venta, exportación de productos argentinos con sobreprecios de doscientos, trescientos por ciento y en algunos casos más. Productos que en algunas de las oportunidades no venían ni siquiera de Argentina, sino que se facturaban en Argentina, pero que salían de China. Aprovechando este fideicomiso que garantizaba el pago, Venezuela pagaba con full oil, gas, petróleo, gasolina, y nosotros se supone que recibíamos productos en Venezuela de todo tipo. A veces no teníamos certeza de que habían llegado porque en muchas oportunidades no se instalaban. Entonces, hubo sobreprecio, hubo pago de sobornos, porque la estructura que se identificó en las investigaciones no es la de una empresa que recibe un pago de un Estado, de un Gobierno, y lo formaliza a través de sus bancos, sino que se creó una larga lista de empresas a lo largo del mundo, en varios países, con cuentas también abiertas en diferentes circunscripciones, muchas de ellas en paraísos fiscales y que no hay explicación para esa estructura. Los casos, la verdad, es que cuesta que avancen. Yo creo que, en parte, no por el desinterés de los fiscales o los jueces, sino porque se traban. El proceso primero es muy complejo y, por otro lado, falta lo que los tribunales llaman el delito precedente, que es la información que debería venir de Venezuela. En algunos casos avanza porque logran información de Panamá, de Suiza, de Estados Unidos, de otros países en donde, como estos todos son casos transnacionales, se lava dinero en muchos lugares y por allí se pueden avanzar.
-Es conocida la estrecha relación que hubo entre los gobiernos de Chávez y los Kichner. ¿Pero los negocios se mantuvieron con la llegada de Maduro al poder?
-Algunos sí. Hasta el 2016 funcionó lo que se llamaba el fideicomiso. A partir del 2016 ya no existía este fideicomiso, pero sí hay otros casos abiertos. Son casos que están procesando la justicia, no sabemos en qué status y no sabemos si hay responsabilidad o no, pero hay un caso mucho más reciente que tiene que ver con una empresa que se llama Exclé, que vende servicios tecnológicos, sistemas, programas para el tema electoral en Venezuela, el órgano electoral venezolano, pero también para este sistema que hay en Venezuela que se llama Carnet de la Patria, a través del cual hay un control por parte del Estado de los ciudadanos, porque a través de ese carnet sabes dónde viven, qué compras, qué no compras, por quién reciben los bonos que da el Estado, unos ridículos -de un dólar a cinco dólares-. Es la estructura por la cual pueden acceder a comprar las bolsas de comida subsidiadas, que se llaman CLAP. Sabemos que la empresa tuvo un éxito impresionante en poco tiempo. Fundamentalmente por los contratos con Venezuela. No tenemos información de que haya licitaciones en Venezuela. Todos los contratos son a dedo. La posibilidad de llegar hasta el Estado para ofrecer algo y que se lo compren es porque tienen una relación. En Venezuela decimos enchufados. O sea, hay una relación en donde la falta de transparencia hace pensar mal.
-¿Quiénes son los principales beneficiarios? ¿La cúpula del régimen?
-Nosotros tenemos muchos años registrando información, entonces podemos tener una imagen muy clara de las relaciones que hay entre las personas. Tenemos unos grafos en donde se ve claramente quiénes están en el centro de esa gran red y quiénes son los puentes estructurales y, por supuesto, las figuras del alto gobierno que todos conocen están allí dirigiendo, participando o conectando a los miembros de esa red. Por supuesto, Nicolás Maduro y toda su familia están en muchísimos casos; no solamente aquí, sino en todas partes. También personas que están en el alto gobierno, quizás más abajo que no son figuras tan conocidas, pero que estuvieron y están. Esto no es de ahora. Rafael Ramírez fue presidente de PDVSA, y a la vez ministro de Energía o de Petróleo, durante más de diez años, en el periodo donde PDVSA generó la mayor cantidad de dinero nunca en la historia, en donde entró la mayor cantidad de dinero. Cuando llega Nicolás Maduro, Venezuela entra en esta crisis perversa, de escasez, pero producto de que se había destruido la institucionalidad de ministros de Chávez. Ministros muy importantes de Chávez, como Giordani, escribieron una carta donde decían que el presidente Chávez quebró a Venezuela con la Misión Vivienda para ganar las elecciones. Es una construcción desatada de viviendas sin ningunos controles ni urbanísticos, ni estructurales, ni de la distribución de esas viviendas, sin control de los contratos que se hacían a unos precios extraordinarios. Todo ese dinero salió de PDVSA. Y sigue saliendo de PDVSA, porque la única de las novecientas treinta empresas públicas propiedad del Estado que nosotros hemos identificado, la verdad es que la única que tiene algunos dividendos es PDVSA todavía, aunque por supuesto muy reducido. Entonces por allí viene la mayor cantidad del dinero, del petróleo.
-Con PDVSA seriamente dañada por la corrupción, ¿el narcotráfico pasó a ser el principal foco de corrupción en Venezuela?
-Lo que pasa es que el dinero del narco no entra al Estado. El dinero del petróleo sí entra a la caja del Tesoro Nacional, la Oficina del Tesoro, el Ministerio, el Banco Central de Venezuela… El narcotráfico va directamente a cuentas de las personas que dirigen la operación. Venezuela es tránsito y de acuerdo a los números de nuestro último informe, que da información de todo el año 2024 basado en fuentes que podemos confirmar, entre ellos la DEA, nos indican que el 24% de la droga que se procesa en América pasa por Venezuela. No solamente sube a América y a Asia por el Pacífico, sino que el 24% transita por Venezuela. Eso es brutal. Los números a los que nosotros hemos llegado con el análisis de economistas nos indican que más de ocho mil doscientos millones de dólares generó el narcotráfico en Venezuela solo en el 2024. Ese dinero no llega al Estado, no lo reparten entre la gente. Con ese dinero no pagan escuelas, maestros, hospitales… Ese dinero entra a sus cuentas privadas. Es una red que controla el Estado, pero además está dirigiendo o participando, porque en algunas partes lo dirige y en otras solo participa, de estos ilícitos. Y no es solamente narcotráfico, es oro, es contrabando de cualquier otra cantidad de minerales raros. También la extorsión; la extorsión es una manera de vida en Venezuela. Te extorsionan los grupos criminales, los grupos guerrilleros como la disidencia de las FARC… Pero también te extorsiona la estructura de la función pública, porque hay como un permiso, como los sueldos son tan bajos -son absolutamente ridículos, con eso no se puede comer-, hay como un permiso a los funcionarios para que muevan y extorsionen. Si tú quieres y necesitas una cama para operar a tu hija, pues hay que pagar. Si quieres sacar a alguien de la cárcel, tienes que pagar. Eso lo estamos viendo ahora. Presentamos un informe completo al Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre ese tema, porque en el sistema de justicia quizás es lo más perverso, porque es el que debería protegernos, es el que debería hacer justicia, el que debería sancionar el cumplimiento. Y cuando desde ahí se cometen las irregularidades, no hay quien proteja a los venezolanos, no hay quien haga exigencia de garantías de derechos humanos.
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