Para evitar una posible fuga, el magistrado Alexandre de Moraes dispuso que los agentes registren todos los vehículos que salen de la casa del ex mandatario y le informen sobre los conductores y los pasajeros
La Corte Suprema de Brasil ordenó endurecer la vigilancia policial de la residencia del ex presidente Jair Bolsonaro para evitar una fuga, en vísperas del inicio de la fase final del juicio por intento de golpe de Estado.
El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, dispuso que los agentes de la Policía Penal de Brasilia registren todos los vehículos que salen de la residencia del ex mandatario y le informen sobre los conductores y los pasajeros.
Además, instruyó el monitoreo del área externa de la residencia, donde el ex presidente (2019-2022) cumple prisión preventiva desde inicios de agosto.
Según el auto del magistrado, estas medidas buscan conciliar “la privacidad” de los demás ocupantes de la casa, donde Bolsonaro vive con su esposa y su hija, con la “necesaria garantía de la ley penal” y así impedir “cualquier posibilidad de fuga”.
De Moraes, en coincidencia con la opinión de la Fiscalía, descartó ordenar la vigilancia de los movimientos del ex mandatario dentro de la vivienda, como había sugerido la Policía Federal.
Un grupo de agentes ya vigilaba los alrededores de la residencia, pero el inicio de la fase final del proceso previsto para este martes llevó al magistrado a reforzar las medidas de control.
Además de la reclusión domiciliaria, el ex mandatario lleva una tobillera electrónica y tiene prohibido el uso de redes sociales, requisitos impuestos como parte de las medidas cautelares.
Bolsonaro está siendo juzgado por presuntamente liderar una trama con el objetivo de anular los resultados de las elecciones de 2022, en las que perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva, e incitar los ataques contra las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema del 8 de enero de 2023.
Los cinco delitos que se le imputan, junto a otros altos cargos militares y políticos de su Gobierno, contemplan penas de prisión de hasta 40 años.
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro atraviesa una situación de salud delicada, según informó su hijo y concejal, Carlos Bolsonaro.
A pocos días de conocerse el resultado del juicio que enfrenta por golpismo, el ex mandatario “no quiere alimentarse y sigue enfrentando interminables crisis de hipo y vómitos”. Así lo expresó Carlos en X, donde señaló: “El viejo está delgado, no quiere alimentarse y sigue enfrentando interminables crisis de hipo y vómitos. Duele mucho ver todo esto”.
4 claves de la presunta trama golpista
Desinformación, reuniones complotistas con militares, un plan de magnicidio… La fiscalía de Brasil acusa al ex presidente Jair Bolsonaro de haber liderado una asociación criminal armada para tratar de aferrarse al poder en 2023.
Estas son las etapas clave de la presunta trama golpista por la que el ultraderechista, de 70 años, puede ser condenado a cuatro décadas de cárcel.
El ex capitán del ejército, un nostálgico declarado de la dictadura militar, defiende su inocencia.
1- Sembrar dudas contra el sistema electoral
La fiscalía establece los primeros indicios de un plan golpista en 2021, con una campaña de desinformación de Bolsonaro destinada a “diseminar sospechas de fraude” en las presidenciales de 2022 para “legitimar una intervención militar”.
Durante una reunión ministerial anterior a los comicios, Bolsonaro insinuó que la oposición había preparado todo para que su rival, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, ganara en primera vuelta “mediante fraude”, según la investigación.
Posteriormente, el entonces presidente reiteró sus ataques en una cita ante embajadores, para “preparar a la comunidad internacional” a que iba a desconocer el resultado electoral supuestamente amañado.
Por esos hechos, Bolsonaro fue inhabilitado políticamente hasta 2030.
2- Reuniones en la residencia presidencial
Tras su derrota en la segunda vuelta frente a Lula, Bolsonaro empezó a discutir opciones para mantenerse en el poder con varios de sus colaboradores en la residencia presidencial de la Alvorada, en Brasilia.
Según la delación premiada de Mauro Cid, ex mano derecha de Bolsonaro, el ex presidente recibió y ajustó un borrador de decreto que preveía un estado de sitio, prisión de autoridades y la creación de un consejo electoral para convocar nuevos comicios.
La falta de apoyo de la cúpula militar habría impedido que el plan se concretara.
El general Marco Antonio Freire, entonces comandante del Ejército, admitió en su testimonio ante la corte suprema que se discutió “la implementación de medidas excepcionales, como un estado de defensa o de sitio”.
“Alerté al señor presidente que podría ser implicado jurídicamente” por esos planes, declaró.
El ex comandante de la Fuerza Aérea Carlos de Almeida Baptista dijo haberse opuesto abiertamente: “Le dije al presidente Bolsonaro: ‘Pase lo que pase, el primero de enero usted no será presidente’”.
Ante el supremo, Bolsonaro declaró que solo hubo “conversaciones informales para ver si existía alguna hipótesis de un dispositivo constitucional” para invalidar resultados electorales.
“Nunca se habló de golpe”, aseguró.
3- Matar a Lula
La denuncia detalló un supuesto plan denominado “Puñal verde y amarillo”, los colores de la bandera de Brasil, para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del supremo a cargo ahora del juicio, Alexandre de Moraes.
El general Mario Fernandes, entonces alto funcionario de la presidencia de Bolsonaro, confirmó a la corte suprema que redactó e imprimió el documento para el magnicidio -en el palacio presidencial de Planalto-, pero dijo que solo era un “pensamiento” suyo y que no lo compartió.
La fiscalía, sin embargo, acusó al militar de llevar el plan a la Alvorada para “tratativas” con Bolsonaro y con la intención de ejecutarlo días después, el 15 de diciembre de 2022.
4- La “esperanza final”
Bolsonaro viajó a Estados Unidos dos días antes de la investidura de Lula, el 1 de enero de 2023.
El 8 de enero miles de sus simpatizantes invadieron y causaron destrozos en las sedes de los tres poderes en Brasilia, exigiendo una intervención militar para derrocar a Lula.
La fiscalía sostiene que estos hechos fueron “incitados” por la organización criminal liderada por el ex mandatario.
Describe la asonada como la “esperanza final” de los presuntos golpistas.
infobae.com
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