En la Casa Rosada afirman que no hubo diálogos con el extitular de la Agencia de Discapacidad. Crece la preocupación por el efecto que podría tener el caso en las urnas.
El Gobierno negó contactos con Diego Spganuolo y ya mandó a medir el impacto en el electorado del escándalo de los audios en los que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) habla de un presunto cobro de coimas. El Ejecutivo asegura que la última comunicación que mantuvo con el exfuncionario fue en las primeras horas tras la filtración de las grabaciones.
Los cercanos al apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, descartan haberle ofrecido hacerse cargo de la defensa del exfuncionario. “No hubo ninguna reunión ni contacto, no hablamos con él”, expresan en Nación.
Spagnuolo presentó este jueves a Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze como sus representantes legales en la causa, que fue delegada en el fiscal federal Franco Picardi. En el oficialismo hay preocupación por la información que pueda presentar Spagnuolo ante la Justicia y descartan por el momento presentar una denuncia en su contra.
La Casa Rosada mantiene diferencias sobre la estrategia de comunicación y el impacto del caso en la intención de voto de los candidatos de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del domingo que viene y en las nacionales del 26 de octubre. Nación todavía no obtuvo el resultado de las mediciones que ordenó.
Es por eso que la mesa electoral de Balcarce 50 no diseñó por el momento un plan de acción sobre la discursiva electoral respecto a las filtraciones y puso en pausa las entrevistas y exposiciones públicas de los postulantes libertarios. “No definimos una línea porque no tenemos claro el impacto. Vamos a definirlo con base en los números que aparezcan”, agregan.
En el oficialismo mantienen la postura de que “no hay preocupación” por los nuevos audios difundidos por Carnaval Stream -que se le atribuyen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, – y sostienen que investigan en qué reunión fueron grabados. En Nación buscan evitar que la imagen del jefe de Estado y de la presidenta de La Libertad Avanza se asocie a la investigación por presunta corrupción.
Es por eso que la mesa chica del oficialismo dio la orden de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, rompieran el silencio e hicieran declaraciones públicas sobre la denuncia. “El presidente no tiene nada más que decir sobre el tema porque no lo abarca. No tuvo incidencia”, agregan.
El Ejecutivo además definió avanzar sobre el sistema de contrataciones de la Agencia de Discapacidad: tiene previsto quitarle la autarquía financiera al organismo. Se trata de una centralización de las compras y licitaciones para que el Ministerio de Salud tenga el control sobre la planificación y la ejecución de la adquisición de insumos sanitarios y materiales, entre otros puntos.
La Casa Rosada evalúa suspender el contrato de la agencia con la droguería Suizo Argentina -que está en el centro de la investigación judicial- mientras revisa el resto de sus compromisos financieros. El oficialismo sostiene que presentará toda la documentación sobre la auditoría ante la Justicia. El encargado de realizarla es el nuevo interventor de ANDIS, Alberto Vilches.
tn.com.ar
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