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La voz de la sociedad civil se alzó con fuerza desde tres continentes. Organizaciones sociales, sindicales, religiosas, feministas, de migrantes y de derechos humanos de América Latina, Europa y el Caribe firmaron un contundente pronunciamiento en el que expresan su rechazo a la creciente presencia militar de Estados Unidos en aguas del Caribe, advertida como un preludio de injerencia y amenaza a la soberanía de Venezuela y de toda la región.
El documento alerta sobre el riesgo de que esta acción abra la puerta a una escalada de tensiones innecesarias que podría derivar en graves consecuencias: oleadas masivas de migración forzada, aumento de la pobreza, exclusión social y un deterioro profundo de la paz regional. “La militarización no es el camino hacia la seguridad ni la estabilidad. Por el contrario, agrava las vulnerabilidades de nuestras comunidades”, señalan los firmantes.
La declaración recuerda que América Latina y el Caribe fueron proclamados “zona de paz”, un compromiso que simboliza la voluntad histórica de sus pueblos de vivir libres de amenazas militares, intervenciones externas y el uso de la fuerza. Se evoca, además, el Tratado de Tlatelolco, que convirtió a la región en la primera zona densamente poblada del planeta libre de armas nucleares, como un ejemplo del talante pacifista que caracteriza al continente.
Las organizaciones firmantes no se limitan a la denuncia, sino que hacen un llamado urgente a la unidad. Instan a gobiernos, movimientos sociales, partidos políticos, líderes comunitarios y fuerzas vivas de América Latina y el Caribe a conformar un frente común en defensa de la paz, capaz de articular cooperación, diálogo y resistencia a cualquier intento de intervención. “La autodeterminación de los pueblos es innegociable”, enfatizan.
La advertencia no es menor. La sociedad civil recalca que la violencia y la militarización de la región han demostrado, a lo largo de la historia, ser generadoras de tragedias humanas, desplazamientos forzados, desempleo, precariedad económica y un éxodo migratorio sin precedentes. La voz de alerta busca prevenir que la región repita episodios ya vividos en otros rincones del mundo donde la fuerza militar sustituyó al diálogo, dejando tras de sí un rastro de dolor y fracturas sociales.
Con tono firme, el pronunciamiento reafirma su apuesta por el multilateralismo, la cooperación regional y el respeto irrestricto al derecho internacional. “Solo a través del diálogo, la diplomacia y la promoción activa de la paz podremos consolidar un futuro común para nuestros pueblos”, destaca el texto.
La declaración está suscrita por más de veinte organizaciones de amplia trayectoria, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación General de Trabajadores (CGT), la Intersindical Catalana, la Pastoral de Movilidad Humana, la Conferencia Episcopal de Panamá y colectivos de mujeres migrantes. Su carácter plural refleja la amplitud del rechazo a la militarización, que va más allá de fronteras geográficas e ideológicas.
En un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la creciente tensión geopolítica, la advertencia de estas organizaciones se inscribe en un llamado global: preservar la paz como patrimonio común de la humanidad. La sociedad civil recuerda que no se trata únicamente de defender territorios, sino de proteger vidas, culturas, derechos y el derecho irrenunciable de cada nación a decidir su destino sin presiones externas.
“La paz del Caribe no se negocia”, sentencia el comunicado, en un mensaje que trasciende fronteras y busca resonar en la comunidad internacional como un clamor urgente frente al riesgo de militarización en el corazón del continente americano.
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