La defensa de Manuel Cordero solicita prisión domiciliaria debido a su estado de salud, argumentando que su permanencia en la cárcel sería “inhumana”.
La defensa de Manuel Cordero, represor uruguayo condenado en Argentina en 2016 a 25 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad de 11 detenidos desaparecidos en el marco del Plan Cóndor, ha solicitado prisión domiciliaria debido a su estado de salud. El periodista Eduardo Preve informó sobre este pedido a través de la plataforma X.
“La situación de salud que actualmente presenta el Sr. Cordero Piacentini obliga a evaluar nuevamente la posibilidad de conceder el arresto domiciliario”, declaró el abogado Darío Saggiorato ante la Justicia argentina en un escrito presentado al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1.
Además, el defensor argumentó que “mantener el encierro en una unidad carcelaria implicaría un trato cruel, inhumano y degradante contrario a los derechos y garantías que impone nuestro bloque de constitucionalidad”. En el mismo escrito, se adjuntaron informes médicos que describen a Cordero como un paciente “con un elevado índice de comorbilidad y riesgo de muerte súbita ante cualquier intercurrencia que lo descompense”.
El juez solicita una junta médica para evaluar el estado de salud de Cordero
Tras la solicitud de la defensa, el juez de cámara José Antonio Michilini ordenó que Manuel Cordero se someta a una junta médica. El objetivo de esta evaluación es determinar su estado de salud actual, las patologías que padece y si estas pueden ser tratadas dentro del ámbito carcelario o si requieren atención en “hospitales extramuros”.
Cordero, de 87 años, se encuentra recluido en la cárcel de Ezeiza. En 2020, su solicitud de prisión domiciliaria fue rechazada. El exmilitar uruguayo había escapado de la justicia de su país, pero fue capturado en Brasil y extraditado a Argentina, donde fue condenado por crímenes cometidos durante el Plan Cóndor.
Las víctimas de Manuel Cordero en el marco del Plan Cóndor
Cordero Piacentini ingresó al uruguayo en marzo de 1956, y se retiró de esa institución en 1991 con el grado de Coronel. Sus primeros años en la institución estuvieron caracterizados por pobres calificaciones y abundantes sanciones. Sólo durante su período como cadete, recibió 94 días de arresto riguroso, y durante sus primeros siete años como oficial fue sancionado con un total de 53 días de arresto.
Esta poco y nada respetado por sus superiores. “Absoluta falta de responsabilidad, negación del sentimiento del deber, falta de dominio de sí mismo”, “falta de dedicación al trabajo” y “absoluta falta de capacidad para el mando” fueron algunos de los comentarios que su desempeño mereció por parte de los jerarcas militares durante ese período.
Las víctimas por las que Manuel Cordero fue condenado fueron 11 uruguayos que desaparecieron en Argentina durante la dictadura. Según la justicia argentina, los nombres de las víctimas son: Washington Cram González, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, León Gualberto Duarte Luján, Ruben Prieto González, Ary Cabrera Prates, Adalberto Soba Fernández, José Hugo Méndez Donadío, Francisco Edgardo Candia Correa, María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla y María Claudia García Iruretagoyena de Gelman.
Cordero, coronel retirado y reconocido torturador, actuó en el Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. Al ser investigado por la justicia uruguaya, escapó a Brasil, desde donde fue extraditado a Argentina para enfrentar cargos por crímenes cometidos en ese país.
