La justicia autorizó acceso limitado a mensajes de WhatsApp del año 2023, aunque se siguen preservando las identidades de las víctimas del caso.
La jueza Marcela Vargas accedió al pedido de la defensa del exsenador Gustavo Penadés de examinar porciones del contenido de los teléfonos celulares de Romina Celeste Papasso y Paula Díaz. Esta última fue condenada por realizar una falsa denuncia contra Yamandú Orsi durante el período de campaña electoral del año anterior. La resolución judicial se produjo durante una audiencia realizada este miércoles.
La fiscalía, representada por la nueva fiscal del caso Isabel Ithurralde, estableció límites al acceso. Según informó la institución, «no puede accederse al contenido completo porque eso vulneraría la intimidad de las víctimas». En cambio, se autorizó la revisión exclusiva de «los mensajes de WhatsApp de Celeste y Díaz con las víctimas (preservando expresamente cualquier elemento que pueda identificarlos) y acotados al año 2023«.
Ithurralde fue designada por la fiscal de Corte Mónica Ferrero, tras el apartamiento de la anterior titular, Alicia Ghione. Ghione se encuentra certificada médicamente por estrés y no se anticipa su regreso a la causa.
WhatsApps son clave en investigación a Penadés, dice la defensa
En la misma audiencia, la Fiscalía procedió a ampliar la formalización de cargos en contra de Gustavo Penadés. Se le imputó un delito de violencia privada correspondiente a un hecho supuestamente ocurrido en el año 2014. La defensa del exsenador anunció la interposición de un recurso de apelación contra esta decisión de ampliación.
Con esta medida procesal cumplida, la Fiscalía tiene ahora un plazo perentorio para presentar su acusación formal antes del 10 de octubre. En dicho escrito deberá detallar la descripción completa de los hechos que atribuye a los imputados, la calificación jurídica que propone para cada uno y el listado de las pruebas que sustenta su caso.
Esta etapa representa uno de los últimos pasos procesales previos a la eventual elevación a juicio oral. El caso involucra a Penadés y a Sebastián Mauvezín, ambos quienes permanecen bajo régimen de prisión preventiva.
Fiscalía debe acusar antes del 10 de octubre
Los abogados defensores Laura Robatto y Homero Guerrero fundamentaron su pedido de acceso a los dispositivos argumentando que, hasta la fecha, solo han tenido acceso a informes resumidos y no a la totalidad del contenido crudo. Su estrategia se basa en la presunción de que existirían conversaciones dentro de esos teléfonos que contienen diálogos con víctimas que declararon bajo reserva de identidad.
En dichos intercambios, supuestamente se mencionarían retribuciones económicas condicionadas a la declaración testifical. Los montos de estas retribuciones presuntamente se incrementarían sustancialmente en el escenario de que Gustavo Penadés «caiga». La defensa sostiene que esta información es crucial para ejercer el derecho a la defensa y desvirtuar las acusaciones.
Anteriormente, este material se mantuvo bajo reserva de la información por un decreto de la jueza Vargas, a solicitud expresa de la entonces fiscal Alicia Ghione. La reciente decisión judicial levanta parcialmente esa reserva para los fines específicos solicitados por la defensa.
Queda pendiente la declaración testimonial de Federico Rodríguez, un oficial policial que fue condenado por colaborar con Carlos Tarocco, quien se desempeñaba como director de la cárcel de Santiago Vázquez. Rodríguez presuntamente habría participado en un intento de obtener información de manera ilegítima de las víctimas del caso Penadés.
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