Colombia asiste a un nuevo capítulo de polarización política tras los ataques del concejal bogotano Daniel Briceño, del Centro Democrático, quien tildó al senador y precandidato presidencial Iván Cepeda como “candidato de las FARC”. La frase, publicada en la red X, desató una oleada de rechazo en distintos sectores políticos y sociales, y ha puesto sobre la mesa un clamor ciudadano: que Cepeda denuncie al cabildante por injuria y calumnia.
El episodio ocurrió apenas días después de que, el 22 de agosto de 2025, Cepeda oficializara su aspiración presidencial por el Pacto Histórico. Su anuncio, que agitó de inmediato el panorama electoral de cara a 2026, se vio opacado por la ofensiva del concejal uribista, cuyas palabras abrieron una herida sensible en la memoria política del país. “Yo sí lo digo sin tibiezas: el señor Iván Cepeda es el candidato de las FARC”, escribió Briceño, encendiendo la indignación nacional.
Las respuestas no se hicieron esperar. La concejala Ana Teresa Bernal fue contundente: “Concejal, calumniar es imputar falsamente un delito y eso es lo que usted está haciendo. Cepeda es víctima del exterminio contra la Unión Patriótica, nunca ha pertenecido a ninguna organización armada. Mentir de esa manera no es política, es odio disfrazado de opinión”. Una línea similar sostuvo su colega Quena Ribadeneira, quien señaló que Briceño no hace debate sino propaganda de odio: “Iván Cepeda no necesita el odio para hacer campaña: su vida entera ha sido un testimonio de verdad, justicia y paz. Esa es la diferencia entre quienes siembran miedo y quienes han luchado con dignidad por la reconciliación de Colombia”.
Incluso voces del Gobierno se sumaron al rechazo. La superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, advirtió: “La calumnia es un delito. Alguien puede terminar como cierto expresidente: condenado por la justicia”. Sin embargo, la controversia se agudizó con la intervención del exministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien desempolvó viejas acusaciones ligadas a los computadores de Raúl Reyes, a pesar de que la justicia colombiana las declaró inadmisibles como prueba. Sus palabras fueron interpretadas en el Pacto Histórico como una reedición de los fantasmas de persecución que han marcado la historia de la izquierda colombiana.
Mientras arrecian las acusaciones, Cepeda mantiene un discurso diametralmente opuesto. En sus redes sociales reiteró que no responderá con insultos ni ataques personales: “Será una campaña de diálogo con las personas del común, con mis adversarias y adversarios políticos. No responderé con difamaciones. Como ha sido la práctica de toda mi vida política, me guiaré por el principio del respeto, que no significa renunciar al debate, sino ejercerlo con firmeza, coherencia y altura”.
Pero la indignación ciudadana crece. En las redes abundan mensajes exigiendo que Cepeda lleve a Briceño ante los tribunales, convencidos de que dejar pasar este episodio sería avalar la mentira como estrategia política. El senador, que hoy comparte contienda interna en el Pacto Histórico con Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, Camilo Romero, Susana Muhamad, Carolina Corcho y Gloria Flórez, enfrenta un reto distinto al de sus competidores: resistir la campaña más feroz de la oposición, marcada por ataques que rozan la frontera entre la difamación y el delito.
La pregunta que flota en el ambiente político es inevitable: ¿denunciará Iván Cepeda al concejal Briceño o elegirá mantenerse en la línea del respeto? Lo cierto es que la presión social no cesa, y el eco de la indignación parece anticipar que este no será un episodio menor, sino un punto de inflexión en la campaña que definirá el rumbo político de Colombia en 2026.
