La Amazonia en la mira: una cumbre presidencial se convoca ante el inminente punto de no retorno en el daño provocado a esta importante selva.
Bogotá acoge este 22 de agosto una reunión de consecuencias globales. Los gobiernos de las ocho naciones que comparten la Amazonía –Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela– concurren a la V Cumbre de Presidentes. El encuentro surge como una reacción a la acelerada degradación ambiental documentada en la región.
Desde organismos internacionales se ha instado a los mandatarios a convertir las promesas en medidas ejecutivas que detengan el deterioro del territorio. La cita es evaluada como un paso preliminar crucial de cara a la COP30 sobre Cambio Climático, programada para realizarse en Brasil.
La presión ejercida por grupos de la sociedad civil y la comunidad científica ha incrementado su intensidad en el periodo previo. La cumbre se configura como una instancia decisiva para fijar una agenda compartida y mecanismos de aplicación concretos.
El fin último es establecer la preservación de la Amazonía como un pilar insustituible para la eficacia de la acción climática global. La atención se centra en la voluntad política de los líderes para ir más allá de las proclamas y adoptar metas cuantificables y con plazos definidos.
La función de la comunidad internacional como garante y facilitadora de los eventuales acuerdos constituye otro elemento de observación. La cumbre trasciende lo regional, pues sus resultados incidirán de forma directa en la estabilidad climática mundial. La eficacia en la coordinación interestatal y el desbloqueo de apoyos financieros externos son considerados factores determinantes para el éxito de cualquier estrategia de largo alcance.
Cifras revelan un deterioro ambiental acelerado en la Amazonia
Los indicadores sobre el estado de la Amazonía delinean un panorama de extrema gravedad. Los estudios más recientes calculan que el bioma ha perdido cerca del 17% de su cubierta forestal original. Un porcentaje adicional similar, otro 17%, se encuentra en un estado de degradación avanzada.
La advertencia de la comunidad científica internacional ha sido consistente respecto a la existencia de un punto de no retorno. Este umbral crítico se alcanzaría si la deforestación total supera el 20-25% de la superficie original.
El cruce de este límite teórico desencadenaría un colapso ecológico irreversible. El proceso convertiría extensas áreas de selva húmeda en un ecosistema de sabana seca. Este evento emitiría a la atmósfera cantidades de carbono de magnitud catastrófica. Dicha liberación masiva anularía prácticamente cualquier posibilidad de cumplir el objetivo de limitar el calentamiento a 1.5 °C, meta central del Acuerdo de París.
Las repercusiones de esta transformación exceden el ámbito climático. La crisis actual representa una amenaza verificable para la seguridad hídrica y alimentaria de Suramérica y el mundo. La integridad de la selva es fundamental para la regulación del ciclo de lluvias continental. Paralelamente, la erosión de la biodiversidad única es incalculable. El sustento de 47 millones de personas que residen en la región, incluyendo 2,2 millones de indígenas de más de 500 pueblos, está en riesgo inmediato.
Propuestas de la sociedad civil para la cumbre
La fase preparatoria de la cumbre presidencial ha incorporado un notable esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil. La Red de Redes Amazónicas, una iniciativa coordinada por el Instituto Panamazónico (IPA), ha conseguido una articulación inédita. Esta coalición integra a 12 plataformas regionales, más de 450 organizaciones y una red de más de 300 investigadores. Su labor ha consistido en compilar diagnósticos científicos rigurosos con los saberes tradicionales de los pueblos originarios.
El fruto de este trabajo colectivo es un plan detallado denominado Pacto Panamazónico. Este documento establece cinco ejes de acción estratégica para la protección de la Amazonía. Las áreas prioritarias abarcan la conectividad ecosistémica, la seguridad ante conflictos socioambientales, el fomento de una socio-bioeconomía amazónica, la gestión de un financiamiento climático justo y el reforzamiento de la cooperación regional con participación comunitaria efectiva.
Entre los objetivos demandados a los gobiernos, sobresale la meta de lograr la Deforestación Cero neta para el año 2030. Este propósito es considerado una condición sine qua non para eludir el colapso del bioma. La propuesta requiere la conservación de un mínimo del 80% de las masas forestales remanentes. Su consecución implica, de forma inexcusable, garantizar la integridad de los territorios indígenas y propiciar una transición justa para las economías locales ligadas a actividades extractivas.
Énfasis en legalidad y modelos económicos sostenibles
Un segundo pilar esencial dentro del petitorio ciudadano es la declaración de una Amazonía libre de delitos ambientales. Esto exige la ejecución de acciones coordinadas y eficaces entre los estados para suprimir la minería ilegal y otros mercados ilícitos. Estas operaciones fuera de la ley figuran entre los vectores principales de destrucción de bosques y contaminación de los ríos de la cuenca. Su eliminación es percibida como un prerrequisito para cualquier modelo de desarrollo sostenible.
Como contraparte, se promueve el impulso a las economías vivas y sostenibles. Este paradigma económico prioriza la bioeconomía y el conocimiento ancestral como motores de generación de valor. La visión se fundamenta en crear prosperidad a partir de la conservación de la selva, en lugar de su devastación. Esto representa un cambio estructural en la relación entre actividad económica y entorno natural en la región.
La dimensión del financiamiento es crítica. Se demandan mecanismos innovadores que se encuentren alineados con la justicia climática. La meta es garantizar que los recursos financieros internacionales se distribuyan de forma equitativa. Es imperativo que los fondos alcancen directamente a los guardianes del territorio, principalmente los pueblos indígenas y las comunidades locales, para la ejecución de iniciativas de conservación y desarrollo sostenible.
Participación indígena y adaptación como prioridad
El Pacto Panamazónico subraya la necesidad de una conectividad que sustente la vida. Este concepto reconoce el rol central de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas como protectores efectivos del territorio. En consecuencia, todo acuerdo resultante de la cumbre debe asegurar su participación efectiva en todos los niveles de la toma de decisiones. Respetar sus derechos y modos de vida no es solo una cuestión de equidad, sino que es fundamental para la salud del bioma.
Se convoca a que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de los países superen los objetivos convencionales de mitigación. Es crucial que estos compromisos nacionales reflejen una visión integral que priorice la adaptación y la resiliencia del bioma amazónico. Las políticas deben dirigirse a implementar acciones que fortalezcan la capacidad adaptativa de las comunidades, minimicen su vulnerabilidad ante eventos extremos y aseguren medios de vida sostenibles.
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