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El presidente Gustavo Petro rechazó con firmeza las declaraciones atribuidas al expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre la Unión Patriótica (UP), al considerar que revictimizan a miles de familias que llevan décadas reclamando justicia por uno de los episodios más oscuros de la historia política de Colombia.
Las palabras, leídas en público por el director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, durante la despedida del senador Miguel Uribe Turbay, aseguraban que algunos miembros de la UP apelaron al secuestro y al asesinato, “sintiéndose con derecho a imponerse sobre la democracia”. Una frase que encendió la indignación de sobrevivientes, víctimas y sectores políticos, al interpretarse como una justificación de la violencia ejercida contra un movimiento exterminado a sangre y fuego.
Desde su cuenta en la red social X, el presidente Petro recordó que el genocidio de la Unión Patriótica fue reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsabilidad del Estado colombiano, tras dejar más de 6.000 asesinatos, incluidos dos candidatos presidenciales, legisladores, alcaldes y dirigentes sociales. “Rechazo las palabras del expresidente Uribe que revictimizan a decenas de miles de familiares de personas asesinadas”, escribió el mandatario, comparando lo ocurrido con las masacres políticas en Indonesia y con la persecución de opositores bajo el régimen nazi en Alemania.
Horas antes, la propia UP había alzado su voz en un comunicado en el que denunció las afirmaciones de Uribe como una “distorsión inaceptable de la verdad histórica” y un intento de justificar un genocidio político que marcó con sangre la democracia colombiana. La organización recordó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad documentaron más de 8.300 víctimas entre militantes, simpatizantes y familiares, dejando constancia de una violencia sistemática que no admite justificaciones.
El comunicado también cuestionó el trasfondo político de quien profirió esas palabras, recordando que Álvaro Uribe ha sido señalado en múltiples informes por su presunta responsabilidad en hechos de violencia política, además de haber sido condenado por manipulación de testigos. “Que sea precisamente un expresidente el que intente relativizar este genocidio demuestra lo lejos que estamos de una verdadera reconciliación nacional”, apuntó la UP, que anunció acciones legales para defender la memoria y la dignidad de las víctimas, justo cuando se cumplen 40 años del inicio de aquel exterminio.
Las reacciones dejan en evidencia que, cuatro décadas después, el genocidio de la Unión Patriótica sigue siendo una herida abierta en la historia de Colombia. Una herida que, para las víctimas, no cicatrizará mientras persista la negación o la justificación de un crimen que el mundo entero ya reconoció como uno de los más atroces contra la democracia en América Latina.
