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En un país donde el acceso a Internet aún es un privilegio y no un derecho garantizado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha decidido cambiar el rumbo. Este 20 de agosto, el ministro Julián Molina presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley ‘Internet Solidario’, una propuesta ambiciosa que busca transformar el servicio de Internet fijo en un derecho real y asequible para millones de colombianos.
La iniciativa tiene un objetivo claro: cerrar la brecha digital que margina a los más pobres del país, al establecer un modelo de tarifa diferencial que prioriza a los hogares de estrato 1. En concreto, se propone que los sectores de mayores ingresos -estratos 5 y 6- así como las grandes empresas, paguen un 30 % adicional en su factura de Internet fijo. Estos recursos servirán para subsidiar el servicio a quienes hoy no pueden costearlo.
«El acceso a Internet no puede seguir siendo un privilegio reservado a unos pocos», afirmó el ministro Molina. «Debe convertirse en una herramienta de inclusión, de equidad y de transformación social. Esta ley nos permitirá garantizar que todos los colombianos, sin importar su nivel de ingresos, puedan conectarse con el mundo y acceder a oportunidades reales».
Según el articulado del proyecto, los hogares del estrato 1 registrados en el Sisbén A, con servicio de energía eléctrica y estudiantes activos, podrán beneficiarse de un subsidio de hasta el 55 % en su factura mensual. Además, se establece una tarifa solidaria aproximada de $35.000 para nuevos usuarios, bajo parámetros definidos por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el MinTIC.
Las cifras reflejan la urgencia de esta medida. De acuerdo con estudios recientes del propio Ministerio, hay hogares en Colombia que destinan hasta el 30 % de sus ingresos al pago de Internet fijo. Mientras tanto, el 22 % de los colombianos permanece en condición de «pobreza digital», es decir, sin acceso permanente a la conectividad mínima para estudiar, trabajar o acceder a servicios de salud.
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El proyecto también exige a los operadores ofrecer planes más asequibles y adaptados a la capacidad económica de los usuarios, rompiendo así con un modelo de tarifas planas que históricamente ha favorecido la desigualdad.
‘Internet Solidario’ no es solo una propuesta legislativa: es una apuesta política por una Colombia más justa y conectada. Una nación en la que la solidaridad entre estratos deje de ser una consigna y se convierta en política pública. En la que el derecho a estar conectado no dependa del código postal ni del saldo bancario.
De aprobarse, esta ley marcaría un antes y un después en el acceso a las tecnologías de la información, abriendo la puerta a un nuevo pacto social digital que reconozca la conectividad como un derecho fundamental, no como un lujo. Porque en el siglo XXI, estar desconectado es otra forma de exclusión. Y Colombia, finalmente, ha decidido conectarse con la justicia.
