Policía ingresó por error a vivienda durante procedimiento en lo que fue un confuso operativo en este elegante barrio privado ubicado sobre la Ruta Interbalnearia.
Los residentes de Haras del Lago, complejo ubicado en el kilómetro 23 de la Ruta Interbalnearia en Canelones, eligieron esta zona buscando seguridad y tranquilidad. Sin embargo, los últimos cuatro meses han alterado esa expectativa con sucesos que desataron tensiones internas.
El 21 de julio, alrededor de las siete de la mañana, sonidos inusuales despertaron a un matrimonio identificado como Juan y su esposa, quien se encuentra embarazada de tres meses. Al aproximarse a la entrada de su domicilio, escucharon un fuerte impacto. Voces gritaron: «¡Policía! ¡Policía!». El procedimiento correspondía a un allanamiento, pero se había iniciado en la unidad equivocada.
“Me apuntaron con un revólver en la frente, y a mi mujer en el tironeo le dejaron un chichón en la frente”, manifestó el inquilino afectado. La confusión surgió porque para acceder al primer piso se requieren subir dos niveles mediante escaleras, un error frecuente incluso entre repartidores.
Tras ser alertados por la pareja sobre el equívoco, los efectivos se dirigieron al piso superior. Allí localizaron al objetivo real: un individuo buscado activamente por las autoridades. Durante el registro se decomisaron siete paquetes que contenían siete kilos de pasta base, una pistola Glock con diecisiete municiones, efectivo en moneda uruguaya y dólares estadounidenses, una balanza de precisión, elementos para envasar sustancias ilícitas, teléfonos móviles y un automóvil.
Un narco que parecía un futbolista «o algo así»
Este residente, descrito por vecinos como alguien que “podría ser un futbolista o algo similar”, resultó ser un investigado por narcotráfico, presuntamente asociado a una organización responsable de la muerte de un funcionario policial.
El poder judicial determinó su condena por suministro continuado de estupefacientes, dos delitos de posesión de armas de fuego, dos por tráfico de armamento y uno por atentado agravado, todos bajo régimen de reiteración real y dolo directo. La sentencia estableció tres años de prisión. Una joven de diecinueve años presente en el lugar fue liberada sin cargos.
El episodio no constituía una novedad absoluta para la comunidad. Previamente, en marzo, las fuerzas policiales habían ejecutado otro allanamiento dentro del mismo complejo. En esa ocasión, el objetivo fue Jonathan Mastropierro, un nombre conocido por la opinión pública.
Participa como denunciante en el caso del exsenador Gustavo Penadés y actualmente cumple prisión domiciliaria por facilitar la difusión de material pornográfico con imágenes de menores. Aquel operativo se realizó sin incidentes ni errores de ubicación, aunque la presencia policial generó inquietud entre algunos habitantes.
El reciente suceso reavivó las preocupaciones sobre la seguridad. En grupos de comunicación vecinal, surgieron debates sobre la necesidad de reforzar los controles de acceso, compartir información con autoridades e indagar sobre la situación jurídica de Mastropierro. El lunes 4 de agosto se celebró una reunión de copropietarios donde se aprobaron cinco resoluciones específicas.
Estas incluyeron la autorización para implementar un sistema automatizado de identificación de personas y vehículos, la revisión integral del protocolo de visitas y la decisión de “realizar un relevamiento de cédulas de identidad y libretas de propiedad de automotores de todos los residentes”
Adicionalmente, se acordó “compartir con la autoridad policial información relevante sobre los residentes del barrio” como parte de un esquema colaborativo. Finalmente, se estableció contratar un abogado para “consultar el expediente judicial sobre la situación jurídica y brindar asesoramiento respecto a los pasos a seguir” vinculados a Mastropierro. La implementación de estas medidas buscaba prevenir nuevos episodios que alteraran la convivencia.
Mastropierro contraataca contra sus vecinos
Jonathan Mastropierro respondió a las decisiones mediante denuncias formales contra la administración y vecinos específicos, argumentando violación a su privacidad y supuesta ilegalidad de ciertas disposiciones. Antes de la asamblea, había enviado una carta abierta presentándose como “vinculado a una causa de alto perfil mediático” y señalando que sus procesos judiciales eran “motivo de comentarios recientes en grupos de comunicación internos del barrio”.
Respecto a los cargos que motivan su prisión domiciliaria, sostuvo que correspondían a “investigaciones accesorias o de menor entidad, muchas veces distorsionadas por el tratamiento mediático”.
“Ejercito el derecho constitucional de reunirme con quien considero pertinente dentro del ámbito privado de la unidad que alquilo, siendo yo plenamente responsable de lo que allí ocurre. Esto se ha realizado siempre dentro del marco legal y reglamentario, respetando las normas del barrio”, añadió en el documento distribuido durante la asamblea de vecinos.
Mastropierro negó cualquier conexión con el operativo contra el narcotraficante, describió su conducta como “ordenada, discreta y respetuosa” y atribuyó las investigaciones en su contra a “represalias” por haber “denunciado a personas poderosas”. Recalcó la presunción de inocencia al definirse como “sujeto a proceso, no condenado”.
