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El mismo día en que Colombia presenciaba un hecho sin precedentes -la condena penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez-, otra noticia, igualmente trascendental, se gestaba lejos del foco mediático, pero con potencial para cambiar el rumbo político de la izquierda en el país: el Consejo de Estado anuló la elección del gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, elegido por el movimiento Fuerza Ciudadana, un hecho que ha desencadenado una tormenta política sin precedentes en el bloque progresista.
Martínez, quien fue elegido con una histórica votación de más de 307 mil sufragios, apenas llevaba año y medio liderando la administración departamental bajo un modelo de gobierno alternativo, enfocado en la inversión social, la infraestructura educativa y la defensa del territorio frente a los clanes políticos tradicionales. Su salida abrupta no solo representa un golpe institucional para una de las pocas administraciones progresistas fuera del núcleo del petrismo, sino también la chispa que puede encender una fractura interna de profundas consecuencias políticas para el Gobierno Nacional.
El fallo, basado en una supuesta doble militancia, llegó acompañado de un procedimiento claro: mientras se convocan elecciones atípicas, el presidente de la República debe designar un gobernador encargado a partir de una terna enviada por el movimiento que avaló al mandatario saliente. Pero en este caso, el Gobierno de Gustavo Petro ha dejado entrever -a través de fuentes del Ministerio del Interior- que no reconocerá dicha terna, argumentando que Fuerza Ciudadana perdió su personería jurídica en febrero de este año.
La reacción del movimiento no se hizo esperar. Carlos Caicedo, líder histórico de Fuerza Ciudadana, exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, respondió con firmeza: sostiene que el derecho a presentar la terna se mantiene plenamente vigente, ya que la candidatura de Martínez fue registrada legal y legítimamente bajo esa colectividad. Anunció que la terna será enviada en las próximas horas al Palacio de Nariño, independientemente de la postura del Gobierno.
Pero detrás de este debate jurídico se esconde una tensión política de alto voltaje. Si el presidente Petro decide ignorar la terna, estaría sentando un precedente que podría interpretarse como una intervención directa en la autonomía de los movimientos alternativos que, como Fuerza Ciudadana, respaldaron su campaña desde sus primeras etapas. Caicedo ya ha advertido que un desconocimiento de su terna significará un quiebre definitivo con el gobierno nacional.
De concretarse la ruptura, el impacto sería doble: por un lado, el Gobierno perdería el apoyo de uno de los movimientos alternativos con mayor arraigo en las regiones y con estructura real en el Caribe colombiano; por otro, se fracturaría públicamente la unidad del campo progresista en vísperas de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Caicedo ya ha dejado claro que, de consumarse el desconocimiento, Fuerza Ciudadana no participará en listas conjuntas con el petrismo ni en alianzas nacionales con el Pacto Histórico.
El progresismo colombiano, que durante más de una década buscó consolidarse como una fuerza unificada frente al establecimiento, ahora enfrenta su propia tormenta interna. Lo que antes fue una alianza estratégica con miras a transformar el país, hoy amenaza con deshacerse por desconfianzas, decisiones unilaterales y lecturas divergentes del poder.
Lo que ocurrió el día de la condena a Uribe no fue solo el cierre de un capítulo del pasado. También puede haber sido el comienzo de una nueva pugna en el corazón mismo de la izquierda colombiana. Y esta vez, el enfrentamiento no es con la derecha tradicional, sino entre quienes -hasta hace poco- marchaban bajo la misma bandera del cambio.
Gobierno congela decisión sobre reemplazo en Magdalena tras anulación de elección
En medio de una creciente tensión política en el Caribe colombiano, el Gobierno Nacional aún no define quién ocupará la Gobernación del Magdalena, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Rafael Alejandro Martínez por incurrir en doble militancia.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, rompió el silencio y desmintió versiones que circulaban sobre un supuesto nombramiento ya definido, incluso insinuaciones de que sería un «influencer» el encargado de tomar las riendas del departamento. «Es pura paja que vamos a nombrar a un influencer. Todavía no hay decisión», afirmó con contundencia.
Benedetti fue enfático al subrayar que el Ejecutivo está a la espera de una directriz clara del Consejo de Estado sobre los pasos a seguir, especialmente tras la pérdida de personería jurídica de Fuerza Ciudadana, movimiento político al que pertenece Martínez. «Aún no sabemos si tenemos que pedirles una terna o si corresponde al Gobierno nombrar directamente a un funcionario», señaló.
La incertidumbre ha generado inquietud en los sectores políticos y sociales del Magdalena, donde el liderazgo de Fuerza Ciudadana, que venía consolidando una agenda alternativa, enfrenta ahora una interrupción abrupta con consecuencias de alcance nacional.
La decisión final no será solo un asunto administrativo: el reemplazo del gobernador en un departamento clave como Magdalena tiene implicaciones directas en el mapa político regional y en el equilibrio de fuerzas entre el Gobierno y sus opositores.
Mientras tanto, la gobernabilidad del Magdalena pende de un hilo jurídico y político. La mirada del país -y de muchas embajadas- está puesta en este episodio, no solo por su impacto inmediato, sino por lo que revela sobre las tensiones entre los órganos electorales, la justicia y el Ejecutivo.
