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En una acción sin precedentes que pone en el centro del debate internacional la independencia judicial en Colombia, el senador Iván Cepeda y la bancada de víctimas en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez elevaron una comunicación formal al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtiendo sobre presuntas presiones provenientes de autoridades de los Estados Unidos que podrían interferir en el curso del proceso judicial.
La denuncia llega días después de conocerse el sentido del fallo de primera instancia que condenó a Uribe Vélez, y se enmarca en lo que los firmantes consideran un “contexto delicado” para la justicia colombiana. En la misiva, dirigida a la relatora especial Margaret Satterthwaite y a la comisionada Roberta Clarke, se solicita una intervención urgente que salvaguarde la integridad del poder judicial en Colombia y garantice que la segunda instancia -a cargo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá- se desarrolle sin injerencias externas.
“Tras la lectura del sentido del fallo, se han registrado expresiones y reacciones por parte de altos funcionarios y legisladores del gobierno de los Estados Unidos que, en el actual contexto, pueden interpretarse como señales de presión sobre la administración de justicia en Colombia”, advierten. “En un Estado de Derecho, la justicia debe operar con plena independencia, sin injerencias externas y con respeto a la soberanía y a las garantías constitucionales”, agregan.
Los firmantes subrayan que la jueza Sandra Liliana Heredia, quien dictó el fallo de primera instancia, ha sido blanco de ataques y señalamientos tanto de actores nacionales como internacionales. Estos hechos no solo buscan deslegitimar su decisión, sino que, según los denunciantes, también ponen en riesgo su integridad y su vida.
La comunicación deja claro que la preocupación no es solo por el presente del proceso, sino por lo que está en juego para el futuro del sistema judicial colombiano. En un momento donde la polarización política y la presión internacional se entrelazan con decisiones judiciales sensibles, las víctimas piden a los organismos internacionales actuar con prontitud y firmeza para asegurar que la justicia colombiana no se vea sometida a fuerzas ajenas a la ley.
