Imagen Procuraduría General
En una declaración bajo juramento ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el excanciller Álvaro Leyva Durán, de 83 años, se retractó este martes de las graves acusaciones que lanzó públicamente contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Leyva admitió, sin rodeos, que no cuenta con pruebas ni testigos para sostener los señalamientos que hizo en tres cartas públicas en las que llegó a calificar al mandatario como “drogadicto”.
La confesión de Leyva —según revelaron a La Nueva Prensa fuentes de la Comisión que pidieron mantener el anonimato— desinfla el escándalo que por semanas pretendió agitar el debate nacional y que ahora amenaza con volverse en su contra. El excanciller admitió que nunca ha visto al presidente consumir drogas ni presentarse bajo efectos de ninguna sustancia. Reconoció que, como muchos en entornos sociales, lo ha visto ingerir licor en reuniones privadas, pero aseguró que no puede afirmar que estuviera borracho en esas ocasiones.
Frente a los comisionados, Leyva aceptó que sus cartas no se basaban en hechos ni evidencias, sino en opiniones y rumores, muchos tomados de medios de oposición, sin verificación alguna. Incluso aseguró poseer la historia clínica de Petro, pero se negó a revelar cómo la habría obtenido y no la presentó en la diligencia judicial. A pesar de esa negativa, deslizó la posibilidad de hacerla pública en una futura carta, lo cual podría constituir una nueva infracción legal.
La defensa del presidente solicitó el cierre inmediato de la investigación en su contra, argumentando la inexistencia absoluta de elementos probatorios legítimos. De hecho, el propio Leyva no supo explicar por qué optó por hacer sus acusaciones en cartas abiertas y no ante las autoridades judiciales, lo cual refuerza la tesis de que sus denuncias fueron más un acto político que un acto de responsabilidad institucional.
La retractación no detiene, sin embargo, el camino penal que se avecina. La Fiscalía General de la Nación citará a Leyva en los próximos días a una audiencia de conciliación, donde se le exigirá una retractación pública. De no hacerlo, enfrentará un juicio por los delitos de calumnia agravada, injuria agravada y otros cargos.
Este episodio ocurre tras su salida forzada del Ministerio de Relaciones Exteriores, decisión tomada por la Procuraduría en el marco del escándalo de la licitación de pasaportes. De acuerdo con el propio presidente Petro, al verse marginado del proceso, Leyva habría pedido que su hijo, Jorge Leyva, fuera designado como nuevo canciller.
Lo que comenzó como un ataque personal de alto voltaje contra el jefe de Estado se ha convertido, con la propia voz de su autor, en una evidencia de abuso del discurso político sin sustento. La justicia ahora evalúa si las palabras lanzadas al aire pueden y deben tener consecuencias penales.
