Montevideo, Uruguay – La Dirección General Impositiva (DGI) presentó un reclamo por US$6,4 millones —equivalente a unos 256 millones de pesos uruguayos— dentro del proceso concursal de Conexión Ganadera, la empresa que colapsó dejando más de 4.000 damnificados tras ser señalada por operar un esquema financiero de tipo piramidal. El reclamo del fisco, que fue aceptado por el juez comercial Leonardo Méndez aunque fuera de plazo, ha desatado una fuerte reacción entre los inversores, quienes advierten que este movimiento los deja en clara desventaja frente al Estado y anticipan acciones legales para impugnar la decisión.
La solicitud impositiva presentada por la DGI corresponde a deudas por impuesto a la renta de capital no pagadas entre 2020 y 2023. Pese a que la presentación fue realizada fuera del plazo legal establecido por la normativa concursal, el juez accedió a admitirla bajo condición de que el organismo abone honorarios a la sindicatura, en un rango que va de 3.000 a 10.000 Unidades Indexadas. Esto habilita la evaluación del reclamo por parte del síndico y su eventual inclusión en la prelación de pagos, lo que alteraría significativamente el escenario de recuperación de los ahorristas.
Desde el colectivo de damnificados, la reacción fue inmediata. Varios abogados que representan a los inversores, entre ellos Graciana Abelenda, consideraron el accionar de la DGI como legalmente discutible y éticamente cuestionable. El argumento central es que el Estado, a través de la DGI, estaría utilizando un privilegio procesal para asegurar su propia prioridad de cobro, aún cuando los fondos a los que aspira provienen, en su mayoría, del dinero de pequeños y medianos ahorristas estafados. La percepción de injusticia se agrava al considerar que la prioridad de cobro coloca al Estado por delante incluso de quienes confiaron sus ahorros personales en la empresa hoy concursada.
El caso pone en tensión uno de los principios del derecho concursal: la igualdad de trato entre acreedores. Si bien la ley uruguaya establece ciertas jerarquías de cobro —como el privilegio del fisco o de créditos laborales—, la magnitud del reclamo estatal y el contexto de colapso fraudulento reactivan una discusión de fondo: ¿debe el Estado tener prioridad frente a las víctimas de una estafa masiva, cuando además cuenta con mayores herramientas para absorber pérdidas?
Conexión Ganadera fue fundada en 1999 por Pablo Carrasco y Gustavo Basso, y durante más de dos décadas ofreció un sistema de inversión basado en la compra virtual de ganado, prometiendo altos retornos. En 2024, la empresa fue intervenida judicialmente tras detectarse un déficit patrimonial estimado entre US$250 y 400 millones. A comienzos de 2025, se formalizó su concurso de acreedores y se avanzó con embargos preventivos sobre los bienes de sus fundadores. Paralelamente, la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, prepara imputaciones por estafa, asociación para delinquir, lavado de activos y apropiación indebida.
Frente a este contexto, los damnificados evalúan dos líneas principales de defensa. Por un lado, impugnar la verificación del crédito estatal por haber sido presentada fuera de plazo, lo que, si bien es legalmente permitido en ciertos casos, podría ser cuestionado a nivel constitucional o a la luz del principio de buena fe procesal. Por otro, buscar una reclasificación del crédito fiscal como subordinado o no privilegiado, basándose en la naturaleza del caso: un fraude masivo en el cual el Estado no sería un tercero neutral sino parte de un ecosistema económico regulado.
En el plano internacional, existen antecedentes que refuerzan esta línea argumental. En procesos concursales de gran impacto como el de Wirecard en Alemania o el de Madoff en Estados Unidos, la justicia consideró mecanismos excepcionales para proteger prioritariamente a las víctimas directas de los fraudes, incluso relegando temporalmente los intereses del Estado. En algunos casos, como el escándalo Caritas en España, se habilitaron fondos de recuperación específicos financiados por el Estado para compensar a los afectados, reconociendo el valor social de preservar la confianza en el sistema financiero.
La próxima fecha clave será la presentación del inventario final y la lista definitiva de acreedores, prevista para fines de julio. De ser admitido en las condiciones actuales, el reclamo de la DGI se convertiría en uno de los primeros en ser abonados con los activos recuperados, lo que reduciría drásticamente las chances de resarcimiento económico de los inversores minoristas.
Más allá de la legalidad formal del reclamo fiscal, el caso abre un debate de fondo sobre el rol del Estado frente a las víctimas de colapsos empresariales fraudulentos. Para muchos de los damnificados, el problema ya no es solo económico, sino moral: no entienden cómo el mismo Estado que no detectó a tiempo el fraude ahora se posiciona primero en la fila para cobrar.
Alexis Martinez Diaz
Colaboración Adriana Asat
