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Bogotá amaneció expectante. Este lunes 28 de julio, a partir de las 8:30 de la mañana, en el complejo judicial de Paloquemao, la jueza Sandra Heredia leerá el sentido del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se trata de una audiencia sin precedentes en la historia reciente del país: por primera vez, un exmandatario de la República llega al final de un juicio penal en condición de procesado por presuntos delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.
Durante siete años, este expediente ha sido epicentro de tensiones políticas, debates jurídicos y divisiones sociales. Más de 90 testigos pasaron por el estrado para aportar sus versiones en un caso que ha puesto bajo lupa no solo al líder del Centro Democrático, sino también a la independencia de las instituciones en Colombia. La jueza deberá decidir si encuentra responsable a Uribe en seis hechos señalados por la Fiscalía o si, por el contrario, lo absuelve por falta de pruebas o duda razonable.
El origen de este proceso se remonta a 2012, cuando en medio de un debate parlamentario, el senador Iván Cepeda reveló testimonios de exparamilitares que involucraban a Uribe con estructuras armadas ilegales. El entonces expresidente respondió acusando a Cepeda de manipular testigos. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no había mérito para investigar al senador y, por el contrario, abrió una investigación contra Uribe.
El punto de quiebre fue la actuación de Diego Cadena, abogado del expresidente, quien, según los investigadores, ofreció beneficios a varios reclusos a cambio de cambiar sus versiones o guardar silencio. Entre ellos, Juan Guillermo Monsalve, considerado testigo clave, grabó una de las reuniones que dio pie al proceso.
En agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe. La medida causó una tormenta política. El exmandatario renunció entonces al Senado, lo que trasladó el caso a la Fiscalía General de la Nación. Desde entonces, el expediente ha recorrido un sinuoso camino judicial, con un país dividido entre quienes ven una persecución política y quienes exigen que nadie esté por encima de la ley.
Este lunes, Sandra Heredia tendrá en sus manos la responsabilidad de emitir el fallo que marcará un antes y un después. Podrá declararlo culpable, inocente o absolverlo por duda. Cualquiera que sea el sentido del fallo, tanto la defensa del exmandatario como la Fiscalía y las víctimas podrían apelar, lo que llevaría el caso al Tribunal Superior de Bogotá. Ese alto tribunal deberá pronunciarse antes de octubre de 2025, fecha en la que prescriben los delitos investigados.
Hoy, la atención del país -y de buena parte de la comunidad internacional- estará concentrada en una sala de audiencias donde se juega no solo el destino judicial del expresidente Uribe, sino también la credibilidad de la justicia colombiana.
